Entre los argumentos de la acusación figura una presunta violación de la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que establece límites a la capacidad del mandatario para involucrar a las fuerzas estadounidenses en conflictos armados sin aprobación legislativa.
El operativo en la propiedad de Peña se extendió durante casi cinco horas y permitió incautar documentación, teléfonos celulares, grabaciones de cámaras de seguridad, tablets y computadoras.
La información fue comunicada este martes por la directora ejecutiva de la empresa, Vanessa Hudson, quien reconoció el impacto que tendrá la decisión sobre los trabajadores.
El acuerdo preliminar abre la posibilidad de que la compañía retome sus operaciones en el país, del que se retiró en 2007 tras el proceso de nacionalización impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez.
La propuesta legislativa, presentada por la asociación Inquilinos Agrupados, estará acompañada por una campaña de recolección de firmas en los barrios porteños a cargo de la agrupación que nuclea a los inquilinos para sumar al menos 38.000 adhesiones que obliguen a los diputados y las diputadas a debatir el proyecto.
"Hay algunas escuelas de la Ciudad que están siendo tomadas por grupos muy chicos de estudiantes, en muchos casos apoyados por adultos irresponsables que al día de hoy le están sacando el derecho a estudiar a casi 5.000 alumnos", dijo el jefe de Gobierno porteño.
Las medidas de protesta continuaban este viernes en reclamo de viandas de calidad nutricional, mejor infraestructura edilicia y en contra de las prácticas laborales en empresas.
Los manifestantes iniciaron el traslado de la protesta a las 17.50, cortando el tránsito por Avenida 9 de Julio hacia Avenida Corrientes, para llegar hasta Leandro N. Alem al 600, donde permanecen los trabajadores del Sutna en el marco de una huelga general.
El operativo en la propiedad de Peña se extendió durante casi cinco horas y permitió incautar documentación, teléfonos celulares, grabaciones de cámaras de seguridad, tablets y computadoras.
La información fue comunicada este martes por la directora ejecutiva de la empresa, Vanessa Hudson, quien reconoció el impacto que tendrá la decisión sobre los trabajadores.
El acuerdo preliminar abre la posibilidad de que la compañía retome sus operaciones en el país, del que se retiró en 2007 tras el proceso de nacionalización impulsado por el entonces presidente Hugo Chávez.
El reclamo se produjo tras el despliegue de más de 2.000 militares salvadoreños en la capital haitiana para colaborar en la lucha contra las organizaciones criminales.