Los funcionarios nacionales expusieron lo que entienden serían maniobras de corrupción por parte de funcionarios nacionales y municipales en la venta de tierras en Zonas de Seguridad de Fronteras.
En la conferencia dieron a conocer el accionar de una red de complicidad de la que formarían parte funcionarios kirchneristas a nivel nacional y municipal, mediante la cual se entregarían tierras fiscales en distintas provincias a falsos miembros de comunidades mapuches, quienes aparentemente las comprarían a precios irrisorios.
Dichos terrenos, ubicados en áreas críticas para la seguridad nacional, como son las Zonas de Fronteras, serían luego revendidas a precio de mercado a extranjeros, quienes recibirían documentación argentina (pasaportes y/o DNI) que sería apócrifa y la emitiría el Renaper a fin de blanquear fondos de origen ilegal.
Se presentaron, además, elementos que probarían la adulteración de los registros y mapas de las tierras en cuestión en los catastros municipales.
Según los funcionarios, el entramado de corrupción, asociación ilícita y lavado de activos contaría con la participación de la Dirección Nacional de Zona de Seguridad y Fronteras (dependencia del Ministerio de Seguridad de la Nación, que entre sus funciones se encuentra la fiscalización de las operaciones inmobiliarias en Zonas de Fronteras), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, señalado por lo que sería la entrega ilegítima de tierras a comunidades mapuches en Mendoza), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Esto que sería un nuevo entramado de corrupción ya había sido advertido por la propia Auditoría General de la Nación (AGN) en 2017, cuando dio cuenta de las irregularidades en la venta de terrenos en Zonas de Seguridad de Fronteras en distintas provincias de la Patagonia.
Entre las irregularidades mencionadas en aquel estudio se encontrarían la falta de cumplimiento por parte de las dependencias nacionales respecto a su deber de informar el origen de los capitales invertidos por los individuos y sociedades extranjeros en tierras ubicadas en Zonas de Seguridad, lo que genera sospechas de blanqueo de dinero potencialmente de origen criminal.
El fiscal federal Eduardo Taiano y la jueza María Servini de Cubría están investigando la realización de, al menos, otras tres supuestas ventas espurias de campos durante aquel período en Zonas de Fronteras -con similar operatoria de entrega de tierras de valores millonarios y de alta sensibilidad para la seguridad nacional- a mapuches para su posterior reventa a extranjeros, quienes interponían sociedades “pantalla” y usaban testaferros y documentos falsos.
