El gobierno de Donald Trump lanzó un ambicioso plan para eliminar o reescribir más de 60 normativas laborales que considera “obsoletas”. La medida fue anunciada por el Departamento de Trabajo y afectará a sectores como la construcción, minería, entretenimiento, salud domiciliaria y trabajadores migrantes.
La secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, afirmó que el objetivo es “aliviar la carga regulatoria sobre empleadores” y “aumentar la productividad”. Según la funcionaria, se trata del mayor recorte de regulaciones del gobierno federal en décadas, impulsado por la promesa de reducir costos y promover la eficiencia empresarial.
Sin embargo, organizaciones laborales y de derechos humanos advierten sobre un “retroceso histórico” en la protección del trabajador. Sindicatos como AFL-CIO alertan que los cambios dejarán más expuestos a millones de empleados, en particular mujeres, migrantes y personas racializadas.
MIRÁ TAMBIÉN: Italia reconoce la licencia parental a madres no biológicas en uniones gay
Entre las reformas más polémicas se encuentra la eliminación del derecho al salario mínimo y pago de horas extras para 3.7 millones de trabajadores de salud en el hogar. También se plantea anular el uso obligatorio de cinturones de seguridad en transportes laborales y eliminar garantías contra represalias por denuncias.
Otros cambios incluyen reducir la autoridad de la seguridad minera en casos de ventilación o prevención de derrumbes, y limitar el accionar de OSHA en actividades consideradas “riesgosas”, como espectáculos, deportes extremos o trabajos con animales. Esto excluiría de responsabilidad a empleadores de actores, atletas y periodistas.
Mientras sectores conservadores y empresariales celebran la medida como un alivio burocrático, expertos en seguridad y derechos laborales temen que aumenten los accidentes laborales y disminuya la protección frente a abusos. “Ya mueren demasiadas personas en sus empleos. Esto solo empeorará el problema”, alertó Rebecca Reindel, de la AFL-CIO.
Fuente: DW.
