El Gobierno ultima los detalles del decreto que formalizará la renegociación con tenedores de bonos privados, por un monto cercano a los US$ 70.000 millones, y que sería publicado entre mañana y el martes en el Boletín Oficial, apenas la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia dé el visto bueno final al texto elaborado por el Ministerio de Economía.
La publicación del decreto será el inicio de la recta final hacia la presentación de la oferta para reestructurar la deuda pública externa argentina con la que el Gobierno pretende recuperar su «sustentabilidad», dijeron hoy a Télam fuentes del Palacio de Hacienda.
El decreto no incluirá los tramos de deuda contraídos con el Fondo Mondo Monetario Internacional (FMI), por unos US$ 44.000 millones, si bien aún no fue informado cuáles son los títulos que finalmente estarán incluidos en el proceso.
«La sustentabilidad de la deuda es un objetivo macroeconómico relevante que requiere la construcción de un perfil de vencimientos y de tasas de colocación de deuda sostenibles en el tiempo y compatibles con el sendero de equilibrio fiscal y de consistencia del resto de las variables económicas», señaló Economía días atrás en un comunicado.
Según el cronograma oficial, la definición de la estructura final de la oferta concluye esta semana y su lanzamiento debería ser efectuado en los próximos días.
Al respecto, fuentes de la cartera de Economía aseguraron a Télam que será una «propuesta fuerte» y con «posibilidad cierta de imponerse».
Si bien el plan inicial del gobierno es dar a conocer la oferta final en los próximos días, en Hacienda reconocen que podría posponerse hasta la semana que viene.
La propuesta que el Gobierno haga a los acreedores deberá ser aceptada por una mayoría dispuesta en las Cláusulas de Acción Colectiva de los bonos -que varía desde el 66% al 85% según el prospecto de cada título- que evitan que un grupo de acreedores bloquee el proceso o decida no entrar para luego litigar en cortes internacionales.
El proceso de restructuración avanzó la semana pasada con la contratación de la banca de inversión y de gestión de activos Lazard como asesor financiero y del Bank of America y el banco HSBC como agentes colocadores de deuda.
También se oficializó la designación de la firma internacional Morrow Sodali como «Agente de Información» del proceso, que tendrá a su cargo identificar a los titulares de unos 46 bonos nominados en moneda extranjera -dólares, euros y yenes- y con diferentes legislaciones.
Entre ellos, figura el llamado «bono a cien años» emitido durante la gestión del ex ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, que paga un 7,125 % de interesé nominal anual hasta 2117, así como los bonos Pars y Discount emitidos en las reestructuraciones de 2005 y 2010.
«Necesitamos tener información de todos los bonos. Eso no quiere decir nada sobre el proceso de restauración de sostenibilidad», aseguraron fuentes del Ministerio de Economía consultadas sobre si estos serán los títulos que ingresen al proceso de reestructuración.
El plazo para informar la tenencia de los bonos concluirá el próximo 16 de marzo cuando, según el cronograma oficial, debería iniciar el resto de los pasos para la finalización del proceso de reestructuración: las reuniones informativas («roadshow») con los acreedores, la expiración del período de aceptación de la oferta, el anuncio de los resultados de adhesión a la propuesta y la preparación de la documentación necesaria para ejecutar lo acordado.
En consonancia con la visita de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) al país, esta semana también estuvieron en la Argentina referentes de los principales fondos de inversión como Gramercy, Fintech, BlackRock, Pimco y Ashmore.
Los fondos, tenedores de una parte de la deuda externa argentina, tuvieron reuniones con el ministro Guzmán.
El titular del Palacio de Hacienda también dialogó con la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack; y con el jefe de misión del Fondo para Argentina, Luis Cubeddu, antes de que retornaran a Washington el viernes pasado.
Según un informe dado a conocer hoy por la consultora Ecolatina, casi el 40% del total de la deuda pública -unos US$ 120.000 millones- esta en manos del sector privado, a quien habría que pagar este año US$ 40.000 millones en concepto de intereses y de capital, lo que condujo al Gobierno y al FMI a declarar la «insostenibilidad» de la deuda.
