El equipo está encabezado por el abogado penalista Carlos Muriete, quien hizo la petición ante el juez de instrucción Ludovico Pío Pala, a cargo de la investigación por el crimen de Zulma Malvar (63), mediante un escrito en el que solicitó que lo acepten como «amicus curiae» (amigos del tribunal) “debido al interés general y social que provoca en la sociedad el descubrimiento de la verdad real”.
“Somos un equipo de santacruceños que trabajamos todos los días en tribunales y en distintas especialidades vinculadas a la justicia. No podemos estar ajenos a que una causa tan importante o la muerte de una mujer de tanta trascendencia y querida, no pueda encaminarse en búsqueda de la verdad y del autor”, explicó a Télam Muriete.
El equipo apeló al fundamentar su pedido, a la figura de la “opinión jurídica reconocida en nuestra legislación nacional” que “tiene como objeto la participación ciudadana en la administración de justicia”.
El escrito recuerda que la autopsia arrojó que la muerte “fue por asfixia mecánica y con signos de mucha violencia física de ataque y defensa” en el cuerpo de la médica, que fue hallado por uno de sus hijos, empleado del juzgado que instruye la causa.
Ex fiscales, defensores oficiales, ingenieros, especialistas en seguridad e investigación criminal, integran el grupo que pide “que se nos convoque y permita acceder al expediente a ver si a partir de nuestra experiencia podemos aportar una pista a la investigación o datos de quién podría ser el autor”.
El hecho ocurrió el 18 de julio del año pasado cuando el cuerpo de Malvar fue hallado semidesnudo en una casa de la ciudad santacruceña de Puerto San Julián por su propio hijo, un empleado del juzgado penal que precisamente investiga el homicidio.
Los pesquisas establecieron que sobre una mesa de la vivienda fue hallada una billetera con tres mil pesos y determinaron que ninguna puerta había sido forzada, por lo que en principio descartaron la hipótesis del robo.
Además, que no estuvieran violentadas las puertas hace suponer a los investigadores que la ginecóloga se hallaba con alguien conocido cuando fue atacada.
“Queremos ver el expediente, ver la prueba y ahí ofrecer pautas de investigación. Es ayudar y colaborar con el juez y darle una opinión, que no es vinculante, que es gratuita y solidaria”, dijo Muriete.
El letrado consideró que una vez aceptada la presentación, y en conocimiento de una comunidad pequeña como es Puerto San Julián, ubicada a unos 350 kilómetros al norte de Río Gallegos, “quizá permita que testigos acerquen alguna información que aporte al esclarecimiento del crimen”, y que “por ahí no pueden por distintos motivos en estos momentos acercar al tribunal”.
