Luciano Di Cesare, quien fuera titular del PAMI durante las presidencias de Cristina Kirchner, devolvió cerca de 90 millones de pesos al Estado como parte de un acuerdo conciliatorio para evitar un juicio oral. Di Cesare estaba acusado de haber cobrado de manera irregular vacaciones no gozadas, una situación que comenzó el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia.
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Ese día, Di Cesare solicitó el pago de vacaciones no tomadas entre 2012 y 2015, alegando que no pudo disfrutarlas debido a sus responsabilidades laborales. La solicitud fue autorizada por María Arrouzet, entonces gerenta de Recursos Humanos del PAMI, y ejecutada por Carlos Galdo, subgerente de Administración de Recursos Humanos, resultando en un pago de 1.300.826,77 pesos a Di Cesare.
El nuevo titular del PAMI, Carlos Regazzoni, denunció penalmente a Di Cesare por administración fraudulenta, argumentando que las vacaciones no gozadas caducan a los seis meses y no pueden ser compensadas económicamente. La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, llevó al procesamiento de Di Cesare, Arrouzet y Galdo.
El Tribunal Oral Federal 7 había fijado la fecha de inicio del juicio para el 15 de febrero pasado. Sin embargo, antes de esta fecha, se alcanzó un acuerdo conciliatorio por el cual los acusados pagaron al PAMI 88.131.531,86 pesos como reparación.
Este acuerdo fue presentado y aceptado por el tribunal, con los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori considerando que el daño patrimonial estaba adecuadamente resarcido. No obstante, la fiscal del Tribunal Oral, Fabiana León, se opuso, argumentando que tales acuerdos no son apropiados para funcionarios públicos y afectan bienes jurídicos colectivos.
A pesar de la oposición, el tribunal aceptó el acuerdo y Di Cesare depositó los fondos a principios de marzo. El PAMI informó que los fondos serán utilizados para brindar prestaciones sociales y médicas a jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
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El caso aún no está cerrado, ya que la fiscal León apeló la decisión, y la Cámara Federal de Casación deberá decidir si se ratifica el acuerdo o se procede con el juicio oral. Además, la defensa de Arrouzet ha solicitado la prescripción de la causa, argumentando que el plazo de investigación ha expirado.
Fuente: Infobae.
Foto: Clarín.
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