El fiscal Guillermo Marijuán ha solicitado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la baja de 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) debido a que no cumplen con la normativa de mantener residencia en Argentina.
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Según registros de la Dirección de Migraciones, estas personas se inscribieron como residentes mayores de 65 años vulnerables pero regresaron a sus países de origen.
Este incumplimiento genera un perjuicio mensual para las arcas del Estado de $449.341.802 millones, lo que anualizado asciende a los $5.842.000.000. El fiscal Marijuán ha tomado esta medida en el marco de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS).
El fiscal detalla en su solicitud que, durante la investigación preliminar del caso, se detectó que estos beneficiarios registraron salidas del país sin regreso posterior, lo que transgrede la normativa vigente. La ley 27.260 establece requisitos claros para acceder y mantener la PUAM, incluyendo la residencia en Argentina.
A diferencia de administraciones anteriores, Pettovello ha accedido de manera inmediata a las solicitudes de la justicia para dar de baja a beneficiarios que no cumplen con los requisitos establecidos. La ley determina que la PUAM es un beneficio vitalicio y no contributivo para personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad.
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Según Marijuán, entre los 2.954 beneficiarios identificados hay una amplia variedad de casos que requerirán ser investigados de forma particular. La Justicia deberá determinar quiénes eran los responsables de permitir que estas personas cobraran el beneficio sin cumplir con los requisitos de residencia en el país.
Fuente: Infobae.
Foto: Defensoría del Pueblo CABA.
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