La Justicia de Sarmiento autorizó la investigación penal preparatoria contra el imputado, señalado como presunto autor de abuso sexual agravado contra una adolescente de 13 años que no contaba con familia de contención. El fiscal a cargo de la causa es Mauro Soza.
El juez Mauro Soza hizo lugar al pedido de la fiscalía y autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria contra un joven de 25 años, identificado con las iniciales Y.J.D., imputado como presunto autor de abuso sexual contra una niña de 13 años. Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre octubre de 2025 y febrero de 2026, en una construcción deshabitada sobre la avenida 12 de Octubre.
De acuerdo con lo expuesto por los investigadores, el imputado se habría aprovechado de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien no cuenta con un grupo familiar de contención. Al no verificarse riesgos procesales, como peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, la fiscalía no solicitó medidas de restricción de la libertad contra el acusado.
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La audiencia se realizó en la sala N°1 de la oficina judicial de Sarmiento, con la fiscal general Rita Barrionuevo y el funcionario Alexis Ubilla en representación del Ministerio Público Fiscal. Durante el acto, los investigadores narraron los hechos y detallaron los elementos de prueba reunidos hasta el momento.
La calificación legal provisoria contempla los delitos de abuso sexual y promoción a la corrupción, agravados por la edad de la víctima. La fiscalía solicitó un plazo de seis meses para la investigación y la continuidad de las medidas de protección a favor de la adolescente, entre ellas la prohibición de acercamiento y contacto, tanto personal como virtual, entre el imputado y la víctima.
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La Dra. Cintia English, en representación legal de la adolescente, adhirió a los planteos de la fiscalía, mientras que la defensora pública Rosa Sánchez no formuló objeciones a los pedidos formulados por el Ministerio Público Fiscal.
En cumplimiento de la normativa vigente que protege la intimidad, seguridad y dignidad de las personas afectadas por delitos de abuso sexual, se omiten datos filiatorios específicos y se resguarda la identidad de la menor involucrada, priorizando su derecho a la privacidad.
Organismos como UNICEF remarcan la importancia de contar con adultos capacitados —docentes, médicos, psicólogos y operadores judiciales— para acompañar a niños y adolescentes víctimas de abuso, y destacan a la Educación Sexual Integral como una herramienta clave de prevención. La Ley 26.061 establece, además, la obligación de denunciar ante el organismo de protección cualquier situación que vulnere los derechos de un niño, niña o adolescente.
Con información del MPF.
