Según el Cadic, los conejos construyen madrigueras que ponen en riesgo los cimientos del edificio de la institución, ubicado en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia, además de generar daños ambientales al ecosistema de la zona.
Las entidades protectoras que presentaron la medida cautelar argumentaron que la erradicación amenaza la “fauna silvestre y la diversidad biológica”, y que la sustancia pensada para la fumigación resulta “altamente tóxica para cualquier ser vivo”.
Al hacer lugar a la medida cautelar, el juez entendió que las asociaciones demostraron “los derechos que asisten a los animales no humanos, y que también merecen protección judicial”.
Respecto del caso concreto, Calvete afirmó que “mientras no podemos sostener a ciencia cierta que los conejos de castilla generarán un daño grave al ecosistema (…) sí podemos sostener que matarlos en conjunto puede afectar normas constitucionales”, aseveró.
Calvete hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación de Abogados y Funcionarios para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf), que se oponen tanto a la erradicación de los conejos de Ushuaia como a la utilización de un gas al que consideran “peligroso y tóxico”.
La medida judicial, a la que accedió Télam, ordena “la suspensión de la matanza de conejos de castilla que habitan en las proximidades del edificio de la institución científica mientras se sustancia a la causa”.
Además, dispone la implementación de un plan alternativo propuesto por las asociaciones protectoras, consistente en la extracción de los animales mediante jaulas-trampa, su relocalización en otro predio, y la esterilización quirúrgica de los ejemplares a cargo de un médico veterinario.
Para ello, el juez convocará a una audiencia donde las partes deberán consensuar “la modalidad de ejecución del proyecto” y deberán asistir autoridades del gobierno provincial y del municipio.
Voceros del Cadic dijeron que la decisión judicial les generó “sorpresa” porque “el plan de control” de los conejos presentado por las protectoras “carece de información técnica y no resuelve cuestiones metodológicas, como por ejemplo qué pasaría si les escaparan del predio donde serán confinados, o cómo evitarán el repoblamiento de la zona afectada”.
“Lo único que van a hacer si se aplica este método es trasladar el problema desde un lugar a otro”, aseveró la fuente consultada.
En cambio, la abogada de Afada, Griselda Engelhard, celebró la decisión judicial, la calificó de “histórica” y la interpretó como “una bisagra para la protección de los derechos animales en la provincia”, sostuvo en dialogo con Télam.
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