La medida beneficiaría a más de 5.000 agentes activos y jubilados que obtuvieron sentencia favorable en 2015, dando respuesta así a una demanda de casi 10 años por parte de los efectivos policiales afectados.
El Gobernador de la provincia, Ignacio Torres, envió a la Legislatura un proyecto de Ley para iniciar el procedimiento de regularización de pago a policías por históricas diferencias salariales, sobre las cuales los agentes obtuvieron sentencias favorables en el año 2015. Dichas sentencias reconocen el derecho de los agentes policiales a percibir un suplemento por antigüedad, establecido en el artículo 149 de la ley XIX N° 8, equivalente al 2% de la asignación del cargo.
Este proceso de regularización se inició en el marco de diversas reuniones mantenidas entre referentes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Fiscalía de Estado y representantes del Consejo de Bienestar. Las mismas tuvieron como objetivo dar respuesta a un reclamo que se arrastra desde hace casi una década, debido a liquidaciones salariales incorrectas, el cual fue desatendido por los gobiernos anteriores.
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En tal sentido, desde Provincia destacaron que la Fiscalía de Estado será la encargada de ejecutar este proceso, permitiendo que las diferencias salariales sean abonadas a valores actualizados mediante la firma de convenios particulares, beneficiando así a más de 5.000 agentes, tanto activos como jubilados.
La resolución de estos juicios, que ronda entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos hasta fin de año, representa una importante carga financiera para las arcas chubutenses. Sin embargo, el compromiso del gobierno provincial busca dar respuesta a un largo reclamo por parte de los efectivos policiales.
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«Estos son juicios de diferencias salariales de la Policía que vienen de hace muchos años: prácticamente estamos por llegar a los 10 años de una liquidación errónea, donde ya se ha dictado sentencia por el Superior Tribunal de Justicia», explicó el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, y agregó: «Cada uno de esos juicios con sentencia tuvo pericias realizadas, determinando cuánto se debía abonar a cada policía, ya que eran varios meses de salarios adeudados» .
«Todos estos expedientes se tramitaron en el Superior Tribunal de Justicia, por lo que la implementación del pago de estas sentencias se volvió muy difícil luego de la destrucción de los mismos en el incendio que afectó el edificio», detalló también el Fiscal de estado, añadiendo que «dentro de este contexto, hemos estado dialogando con los responsables de estos juicios, que abarcan más de 300 procesos judiciales y afectan a más de 5.000 policías, tanto activos como retirados».
La nueva ley propuesta busca regularizar la situación de todos estos policías a valores actualizados, ofreciendo una solución a una situación extremadamente compleja. «Apuntamos a poder dar una respuesta real a la situación de todos ellos, haciendo las pericias nuevamente en cada uno de estos casos judiciales», detalló por último Giacomone, concluyendo que «es un proceso técnico y complejo, pero necesario para hacer justicia con los afectados».
