El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un pedido ante la Justicia para que se habilite la feria judicial de invierno y continúe el trámite de la causa por el financiamiento universitario, con el objetivo de obtener una resolución definitiva.
El planteo fue realizado ante el fuero contencioso administrativo federal, que se encuentra de turno durante el receso. Las universidades sostienen que el expediente no debe quedar paralizado, especialmente después de que la Corte Suprema dejara firme la medida cautelar que ordena al Estado aplicar parcialmente la Ley 27.795.
La cautelar obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la norma, que contemplan la recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, además de la actualización de las becas estudiantiles. Sin embargo, el CIN asegura que esos incrementos todavía no fueron efectivizados.
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En la presentación, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y representante del CIN, Franco Bartolacci, cuestionó la demora del Ejecutivo. «Desde agosto de 2025, en que el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, no podemos obtener que el Poder Ejecutivo Nacional la cumpla. Ni siquiera ha cumplido con la medida cautelar dictada y ya estamos en julio de 2026», afirmó.
Bartolacci también sostuvo que el Gobierno presentó distintos recursos para retrasar el avance de la causa. «El PEN ha formulado muchas presentaciones tendientes a entorpecer el trámite y ordinarizar este amparo», expresó. Ahora, el fiscal de feria deberá dictaminar sobre el pedido antes de que el juez Martín Cormick resuelva si el expediente continuará durante el receso judicial.
Además de exigir el cumplimiento de la cautelar, las universidades buscan que la Justicia declare la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, que condicionó la aplicación de la ley a la existencia de una fuente específica de financiamiento. Aunque el Gobierno firmó en junio un acta para transferir fondos destinados a salarios, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios, el CIN sostiene que ese acuerdo no reemplaza el cumplimiento integral de la ley ni de las resoluciones judiciales.
FUENTE: ÁMBITO.
IMÁGEN: Mariano Fuchila.
