El procedimiento se realizó en un hospital de Montevideo y marcó un hecho histórico para el sistema sanitario uruguayo. La paciente había cumplido con todos los requisitos establecidos por la normativa que regula la muerte asistida.
Uruguay concretó este viernes la primera eutanasia realizada bajo el marco legal aprobado por el Parlamento y reglamentado recientemente por el Poder Ejecutivo. El procedimiento se llevó a cabo en el Hospital Policial de Montevideo y tuvo como protagonista a una mujer de 69 años que atravesaba una enfermedad oncológica avanzada en etapa terminal.
La paciente padecía cáncer de páncreas con metástasis en distintos órganos y se encontraba bajo cuidados paliativos. Según trascendió, había manifestado meses atrás su decisión de acceder a la muerte asistida debido al deterioro progresivo de su estado de salud y al sufrimiento provocado por la enfermedad.
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Para acceder al procedimiento, la mujer completó cada una de las instancias previstas por la legislación vigente. La normativa establece que los solicitantes deben ser mayores de edad, encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales y padecer una enfermedad incurable e irreversible que genere sufrimientos considerados intolerables o una pérdida significativa de la calidad de vida. Además, contempla la posibilidad de desistir de la solicitud en cualquier etapa del proceso.
La implementación de la ley cuenta con el respaldo del Sindicato Médico del Uruguay, que destacó la existencia de protocolos específicos y criterios técnicos para garantizar la seguridad del procedimiento. Desde la organización señalaron que la reglamentación se ajusta a estándares internacionales y brinda garantías tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud.
La legislación fue aprobada por el Parlamento uruguayo en octubre del año pasado y posteriormente reglamentada mediante un protocolo oficial. Con esta primera intervención, el país se convierte en el primero de América Latina en aplicar una ley de eutanasia surgida de una decisión parlamentaria, diferenciándose de otros antecedentes regionales que se habilitaron a través de resoluciones judiciales.
