El presidente Alberto Fernández repudió los “hechos de represión y violencia estatal” acontecidos en Jujuy, instó al gobernador Gerardo Morales a “cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos”, y adelantó que el Gobierno nacional iniciará “acciones judiciales y legislativas” para garantizarlos, en caso de no cesar la violencia en esa provincia.
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Así se pronunció el mandatario este miércoles en Casa Rosada, en el marco de una declaración oficial que brindó sobre el conflicto en la provincia de Jujuy, en la que además adelantó que instruirá al Ministerio de Justicia para pedir la inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy “que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
“Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática”, comenzó diciendo el Presidente y advirtió que “a tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy, que, por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país, ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos”.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy”, aseguró.
En este marco, Fernández citó la carta de Naciones Unidas: “La Oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo”.
En tanto, el mandatario señaló que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expuso que “según la información recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales”.
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Por otra parte, citó a Amnistía Internacional, quien advirtió que “avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de derechos humanos”.
Finalmente, el Presidente mencionó que la Directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: “Seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH”.
Por estas razones es que Alberto Fernández instó de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos: “No se lo pide este Presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy”, aseveró.
En este sentido, indicó que instruyó al Ministro de Justicia de la Nación “para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”.
“Hemos enviado a Jujuy funcionarios de la secretaría de DDHH, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad”, anunció Fernández y señaló que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, estuvo en Jujuy “desde el primer día en el que el problema empezó”, y que acompañará “a las comunidades”, conocerá de cerca “el acontecer de los hechos y además ver el estado en que se encuentran las personas detenidas”.
Por último, le solicitó al Gobierno de Jujuy que “convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas”.
“Quiero que sepa el señor Gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tener ayuda”.
Además, enfatizó que “a 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los legítimos reclamos y expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta, es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas”.
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Para finalizar, Fernández pidió que “no se utilice al pueblo jujeño como el banco de pruebas de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante”.
