Desde el 1 de enero, el municipio aranceló la atención sanitaria pública para quienes no residen en la ciudad, en el marco de la temporada de verano 2025.
Desde el 1 de enero de 2025, Villa Carlos Paz implementó el cobro por los servicios de salud pública a extranjeros y argentinos no residentes. La medida, aprobada por el Concejo de Representantes el pasado 27 de diciembre, se enmarca en la nueva ordenanza tarifaria para atender la creciente demanda de atención sanitaria en el hospital municipal Gumersindo Sayago y los dispensarios locales.
MIRÁ TAMBIÉN | ARCA establece nuevos montos para el control de billeteras virtuales
La decisión coincide con el inicio de la temporada de verano, cuando miles de turistas llegan a la localidad cordobesa, reconocida por su amplia oferta cultural y recreativa. Los aranceles incluyen desde consultas en guardia, que tienen un costo de $8.000, hasta internación en terapia intensiva, cuyo precio diario asciende a $60.000. Además, estudios como tomografías computadas ($10.000) y análisis de laboratorio ($5.000 a $15.000) también están alcanzados.
Según las autoridades municipales, el objetivo principal de esta medida es garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud, que enfrenta dificultades para financiar la alta demanda de atención. «Es una decisión necesaria para preservar los recursos destinados a los vecinos de la ciudad», declararon desde el municipio.
MIRÁ TAMBIÉN | Argentina denunció ante la Corte Penal Internacional el caso del gendarme
La medida también se alinea con cambios anunciados recientemente por el gobierno nacional respecto al régimen migratorio y el acceso a servicios públicos para extranjeros no residentes. En este contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado la posibilidad de arancelar servicios como la salud y la educación universitaria para quienes no tengan residencia en el país.
Mientras algunos sectores respaldan la medida como una forma de administrar eficientemente los recursos locales, otros han expresado críticas, especialmente por el impacto que podría tener en el turismo. Organismos de derechos humanos y asociaciones turísticas han pedido revisar la medida para evitar posibles perjuicios económicos y sociales.
Fuente: Infobae
Foto: ámbito financiero