La Asociación Gremial de Abogados apeló el procesamiento y la prisión preventiva contra los integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y consideró que la fiscal federal Cándida Etchepare y la jueza federal Silvina Domínguez «actuaron en consonancia con lo que venían reclamando desde los gobiernos nacional y provincial y con lo que venían pidiendo sectores energúmenos de la derechas y lo peor del racismo”.
El pasado 25 de octubre la jueza federal Silvina Domínguez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Betiana Ayelén Colhuan, Martha Luciana Jaramillo, Romina Rosas y María Celeste Ardaiz Guenumil, detenidas en el allanamiento que llevaron adelante las fuerzas federales. Además, ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Matías Daniel Santana, Cristian Germán Colhuan, Yéssica Fernanda Bonnefoi y Juan Pablo Colhuan.
«Estamos ante un fallo de características arbitrarias que adolece de graves vicios. Si bien pretende erigirse como una resolución fundada, no lo es y resulta un compendio de excusas de carácter propagandístico e incluso panfletario. El magistrado lejos de fundamentar sus decisiones, se limita a desarrollar una suerte de descripción de lo actuado, pero sin respaldo jurídico alguno», plantearon en el recurso de apelación.
Recordaron que el legajo se inició el 25 de septiembre cuando gendarmes del Escuadrón 34 que custodiaban el predio denominado “Los Radales” fueron atacados con piedras y disparos de armas de fuego por un grupo de personas.
«Estos son los puntuales hechos por los cuales la jueza inferior ordena el montaje e implantación de un desproporcionado dispositivo de seguridad en la zona, ordena el violento desalojo de la Comunidad Mapuche Lafken Winkul Mapu, detiene mujeres, las traslada a Buenos Aires como verdaderas cautivas», describen los abogados en la apelación.
Y agregan: «Esos hechos que describe la jueza en su fallo como el detonador de la presente investigación, jamás fueron demostrados, y sólo basta advertir la falta de mérito decretada sobre los mismos para dar cuenta de ello».
Mencionan también que «el predio que manda a desalojar, donde se encontraba asentada la comunidad, no es el lugar intrusado por el que se está previniendo en este legajo. Además la jueza carece de jurisdicción para ordenar medidas en el mismo, por encontrarse el expediente donde se investiga la presunta usurpación elevado a juicio«. «La jueza legitima el violento e ilegal desalojo, instaurando en nuestros defendidos sospechas por sus condiciones de vecindad al predio supuestamente intrusado», plantean.
Por otro lado, cuestionan a la Jueza por unificar causas que “nada tienen que ver con los hechos aquí investigados” y expresan que la extensión del secreto de sumario por 20 días, “durante una etapa medular de la investigación, deja al desnudo la nulidad del procedimiento”.
La Asociación Gremial de Abogados solicitó el sobreseimiento, que se dejen sin efecto las medidas dictadas por la jueza y que se restituya la posesión del territorio a los integrantes de la comunidad.
«Resulta una verdad de perogrullo describir el carácter esencial que para los mapuche guarda la relación con la tierra que poseen ancestralmente. Esta cuestión exige una interpretación diferente del derecho y determina la aplicación de las normas jurídicas específicas», dijeron.
Recalcaron que “en la Patagonia han inventado el enemigo mapuche o al terrorista mapuche. Si aparece una máquina de Vialidad quemada en Villa La Angostura allanan Pachil Antreao, pero como no encuentran nada en Neuquén, arrasan cinco o seis comunidades mapuches de Rio Negro. Atacan un puesto de Gendarmería, nadie es identificado, pero no hay que pensar mucho: ¡son los mapuches de Winkul!”.
También consideraron una segunda falsedad en plantear «que la comunidad Winkul desechó todo tipo de acuerdo o mesas de diálogo propuestas por diferentes organismos del gobierno nacional». «Los mapuches siempre se sentaron, lo que no hicieron es acordar sumisamente con las propuestas«, indicaron.
