Nepal vive una crisis sin precedentes tras cinco días de protestas violentas que dejaron al menos 51 muertos, más de 12.500 presos fugados y la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli.
Las manifestaciones comenzaron el lunes en Katmandú y otras ciudades, como rechazo al bloqueo de redes sociales y denuncias de corrupción gubernamental, según informó el portavoz policial Binod Ghimire.
Durante los disturbios, los manifestantes incendiaron la sede del Parlamento, edificios gubernamentales, un centro comercial y un hotel Hilton. Oli presentó su dimisión el martes: “He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy… para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”, dijo en una carta enviada a la Presidencia.
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A pesar de la reapertura de plataformas como Facebook, X y YouTube, fuentes policiales señalaron que grupos bajo el nombre de “Generación Z” saquearon edificios públicos y residencias de dirigentes. Entre las viviendas incendiadas figuran las de Sher Bahadur Deuba, líder del Congreso Nepalí, el presidente Ram Chandra Poudel y el líder maoísta Pushpa Kamal Dahal.
El ministro del Interior, Ramesh Lekhak, también vio su residencia afectada, al igual que la escuela privada de Arzu Deuba Rana, esposa de Deuba y actual ministra de Relaciones Exteriores.
La crisis se desató tras el bloqueo de 26 redes sociales decretado por Sharma Oli el 4 de septiembre, coincidiendo con la viralización en TikTok de la campaña “Nepo Kid”, que denunciaba corrupción entre miembros de la élite política.
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El lunes 8 de septiembre, día en que comenzaron las protestas, fallecieron 19 personas. Las autoridades impusieron un toque de queda que fue duramente resistido por los residentes de Katmandú, derivando finalmente en la renuncia del primer ministro.
Actualmente, las negociaciones buscan una salida política y se desarrollan entre la cúpula del Ejército, representantes de colectivos juveniles y el presidente Ram Chandra Poudel, con el objetivo de designar un primer ministro interino y estabilizar la situación.
Mientras tanto, operarios retiran los restos calcinados de vehículos en la Corte Suprema y el Ministerio de Sanidad, cuya sede histórica fue destruida por el fuego, coordina la respuesta a la crisis desde un hospital, mientras el saldo de víctimas alcanza los 31 muertos.
Fuente y foto: Infobae
