El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, no asistió al interrogatorio programado este miércoles 18 de diciembre con la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO). La citación está relacionada con su polémica decisión de declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
Yoon enfrenta acusaciones graves que incluyen insurrección, abuso de poder y amotinamiento, cargos que podrían llevar a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. La inmunidad presidencial no lo protege en casos de insurrección, según lo establece la legislación surcoreana.
Tras no presentarse a una primera citación el pasado domingo, la Fiscalía surcoreana emitió una segunda convocatoria y advirtió que podría solicitar una orden de arresto si Yoon no acude antes del 21 de diciembre. El CIO también evalúa medidas similares contra el mandatario.
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Yoon y varios altos funcionarios de su administración, incluido el exministro de Defensa Kim Yong-hyun, actualmente en prisión preventiva, tienen prohibido salir del país. Mientras tanto, sus defensores continúan protestando contra su destitución cerca del Tribunal Constitucional en Seúl.
El Parlamento destituyó a Yoon el pasado sábado, y su restitución o cese definitivo dependerá del fallo del Tribunal Constitucional. Este organismo tiene hasta seis meses para determinar si el mandatario violó la Constitución al implementar la ley marcial.
La situación de Yoon Suk-yeol mantiene en vilo al país, enfrentando un escenario político y judicial sin precedentes. Su caso podría marcar un hito en la historia reciente de Corea del Sur, intensificando las tensiones entre el gobierno y la oposición.
Fuente: DW.
Imagen: Ahn Young-joon/AP/dpa/picture alliance.