El Gobierno argentino presentó una nueva respuesta ante la Justicia de Estados Unidos en el marco del juicio por la estatización de YPF, tras el rechazo de los demandantes al pedido para suspender la ejecución del fallo. La defensa nacional insiste en que el cumplimiento inmediato de la sentencia implicaría violar leyes internas y comprometer el control estatal sobre la petrolera.
Entre los principales argumentos, se remarca que este no es un caso comercial común, sino un litigio sin precedentes que involucra una cifra millonaria aún en apelación: 16.100 millones de dólares. Desde el Ejecutivo nacional advierten que el traspaso forzoso de las acciones estatales activaría cláusulas perjudiciales para YPF y afectaría a terceros, como las provincias accionistas y tenedores de bonos.
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En el documento presentado, Argentina señala que su legislación exige autorización parlamentaria para cualquier operación sobre las acciones de YPF, lo que hace inviable una transferencia inmediata. Además, se aclara que la suspensión del fallo no genera daños a los demandantes, pero sí garantiza un proceso judicial más ordenado.
En paralelo, el Estado defendió su postura en el caso «Bainbridge», donde sostuvo que ejecutar la entrega de acciones representaría una violación directa a la Ley 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera. En ese sentido, subraya la falta de antecedentes jurídicos para avalar un fallo de estas características, lo que refuerza el pedido de revisión por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
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El conflicto judicial se remonta a la estatización de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2023, la jueza Loretta Preska condenó al país por no haber ofrecido la compra de acciones a los accionistas minoritarios como sí se hizo con Repsol. Con el monto hoy elevado a 17.750 millones de dólares por intereses, Argentina busca evitar una pérdida definitiva de control sobre la petrolera nacional.
Fuente: TN.
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