Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, hace un llamado al Consejo de Seguridad de la ONU para proteger los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ en Colombia después de los recientes asesinatos de defensores de derechos humanos.
Durante una sesión trimestral dedicada a revisar los avances de los acuerdos de paz de 2016 en Colombia, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, presentó varias recomendaciones al Consejo de Seguridad de la ONU. En medio de preocupaciones por la seguridad de la comunidad LGBTQ+ tras los asesinatos de defensores de derechos humanos, Sánchez destacó la necesidad urgente de proteger a estas personas vulnerables.
Según la Unidad de Víctimas, se registraron alrededor de 6.000 víctimas LGBTQ+ en el conflicto colombiano, con ocho defensores de estos derechos asesinados en 2023, incluyendo a Aldinebin Ramos, cofundador de la Asociación Chaparral Diversa LGBT, cuyo homicidio ocurrió en febrero.
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Sánchez señaló que la falta de investigación de estos crímenes envía el mensaje de que las vidas LGBTQ+ son prescindibles. Acusó a los «actores armados» de perseguir, desaparecer y asesinar a personas de este colectivo, particularmente afrocolombianos y adolescentes.
La activista instó a sancionar a los autores de estos ataques y solicitó la participación plena, igualitaria y segura de las mujeres y las personas LGBTQ+ en la implementación del acuerdo de paz. También llamó a integrar la perspectiva de género en el trabajo de la Unidad Nacional de Protección y a que la Misión de Verificación de la ONU informe regularmente al Consejo de Seguridad sobre la situación de los defensores de derechos humanos LGBTQ+.
Sánchez destacó la importancia de que Colombia sea un «laboratorio» para la agenda de mujeres, paz y seguridad, señalando que los resultados en este caso podrían sentar un precedente crucial para la protección de los derechos LGBTQ+ en todo el mundo.
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En respuesta, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Comisión de Verificación de la ONU, subrayó la necesidad de lograr resultados concretos para alcanzar el 60% de la aplicación del capítulo étnico hacia 2026, con el objetivo de abordar la prolongada exclusión y el impacto desproporcionado del conflicto en las comunidades indígenas, afrocolombianas, mujeres y personas LGBTQ+.
Finalmente, en el marco de la paz promovida por el gobierno de Gustavo Petro, se reanudarán las negociaciones en Venezuela con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con miras a un acuerdo similar al que llevó a la disolución de las FARC en 2016.
Fuente: DW
