El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional avanzará con el cambio de nombre de la TV Pública como parte de un proceso de fuerte ajuste sobre los medios estatales. En una entrevista con Infobae, el funcionario explicó que la señal no puede ser privatizada porque la ley lo impide, por lo que la única alternativa que evalúa el Ejecutivo es “achicar al mínimo el gasto” y redefinir su funcionamiento.
Según sostuvo Adorni, la decisión responde a la necesidad de reducir costos estructurales y eliminar lo que considera un uso ideológico de los medios públicos. En ese marco, aseguró que se ordenó retirar “toda la cartelería con contenido ideológico” dentro del canal y planteó que el cambio de nombre busca marcar simbólicamente una nueva etapa en la gestión de la señal estatal.
Consultado sobre la imposibilidad de privatizar la TV Pública, el jefe de Gabinete fue tajante: “La TV Pública no se puede privatizar porque no lo permite la ley. Por lo tanto, lo que queda es achicarla todo lo que se pueda”. Incluso deslizó la posibilidad de un cierre, al afirmar con ironía que “está a la chance de cerrarla”, pese a que no pueda ser vendida a privados.
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En la entrevista, Adorni evitó dar precisiones sobre cuál será el nuevo nombre del canal y, ante la pregunta directa, respondió escuetamente: “Porque no”. Más tarde, aclaró que el cambio de denominación está vinculado al proceso de reestructuración y que considera importante “mostrar un cambio simbólico” respecto del pasado reciente, al que asoció con el kirchnerismo.
La situación de los trabajadores de la TV Pública se da en un contexto de intervención estatal que fue prorrogada por el Gobierno mediante el Decreto 79/2026, extendiendo el control sobre Radio y Televisión Argentina (RTA) hasta el 1º de febrero de 2027. En paralelo, el Ejecutivo impulsa un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir cerca de 500 puestos de trabajo, lo que representa alrededor del 20% de la planta total de los medios públicos.
Los gremios del sector, como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo, rechazan el ajuste y denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo, con salarios prácticamente congelados desde agosto de 2024. Además, advierten que el recorte de personal y el vaciamiento presupuestario podrían provocar un “daño irreversible” al sistema de medios públicos, en un escenario que se profundizó tras la reciente creación de la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno.
Fuente: Perfil.
