El Gobierno nacional reglamentó la denominada Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave de la administración de Javier Milei orientada a incentivar el uso de los llamados “dólares del colchón” y a reducir la presión penal sobre los contribuyentes. La normativa, que entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, introduce modificaciones sustanciales en el Régimen Penal Tributario y en el Procedimiento Tributario, con impacto directo en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La reglamentación establece un relajamiento de los controles patrimoniales y redefine los criterios de fiscalización impositiva, priorizando la facturación declarada y el cumplimiento voluntario. Desde el organismo recaudador señalaron que la medida apunta a “devolverle libertad a los argentinos para usar su dinero”, al tiempo que busca ampliar la base tributaria sin recurrir a mecanismos coercitivos ni penalizaciones automáticas.
Uno de los cambios más relevantes es la fuerte actualización de los montos que configuran delitos de evasión. El umbral de evasión simple se eleva de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada pasa de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Además, el plazo de prescripción del delito tributario se reduce de cinco a tres años, lo que implica que quienes adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no podrán ser investigados por períodos anteriores a partir de 2029.
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La normativa también introduce un cambio de fondo en la lógica sancionatoria: la evasión deja de ser automáticamente un delito penal. En caso de incumplimiento, el contribuyente podrá regularizar su situación mediante el pago de la deuda, sin enfrentar una causa judicial. Solo en situaciones excepcionales, debidamente fundamentadas, ARCA podrá avanzar con una denuncia penal, especialmente cuando no se trate de simples diferencias interpretativas o técnico-contables.
En cuanto a la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, la reglamentación fija como requisitos ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y un patrimonio total de hasta 10.000 millones, además de no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional. La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumulación de montos. ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, cuya presentación y pago otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias.
Otro punto central es que la agencia recaudadora no analizará el incremento patrimonial ni los depósitos bancarios, y se incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo el régimen simplificado. Asimismo, se prevén beneficios para quienes corrijan errores de manera voluntaria, con reducciones de hasta el 50% en multas si la regularización se realiza dentro de los 45 días posteriores al vencimiento. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca generar previsibilidad, seguridad jurídica y reactivar el circuito formal de la economía.
Fuente: TN.
