La Justicia investiga presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos de alto costo destinados a personas con discapacidad. Los contratos bajo análisis superan los $82.881 millones y la afectación económica estimada por diferencias de precios asciende a más de $7.833 millones.
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al considerarlo presunto jefe de una asociación ilícita que habría operado dentro del organismo. La resolución, dictada en el marco de una investigación encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, también amplió los procesamientos de otros cuatro implicados y dispuso el procesamiento de otras 19 personas.
Esta nueva etapa de la causa se centra en presuntas maniobras irregulares en la adquisición de insumos médicos vinculados con amputaciones, tratamientos cardiológicos, implantes auditivos, neurología, sillas de ruedas, andadores y traumatología. Según la investigación, el esquema habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 y alcanzado contrataciones destinadas al Programa Federal Incluir Salud.
Además de Spagnuolo, el magistrado amplió los procesamientos de Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, y de Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario entre funcionarios y representantes de empresas proveedoras. También se incluyó a dos representantes de droguerías. Para Spagnuolo, Garbellini y Calvete, los embargos fueron elevados hasta los $47.000 millones, según la resolución judicial.
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La hipótesis investigativa sostiene que funcionarios y empresarios habrían intervenido en la selección de proveedores, la coordinación de cotizaciones y el direccionamiento de adjudicaciones. Las empresas presuntamente beneficiadas habrían obtenido contratos millonarios, algunos con sobreprecios, mientras que otros participantes se habrían encargado de canalizar fondos y distribuir retornos indebidos. Los hechos forman parte de una investigación judicial y deberán ser acreditados en el proceso.
De acuerdo con los datos incorporados a la causa, las órdenes de compra y contrataciones examinadas en seis segmentos de insumos superan los $82.881 millones. El análisis económico detectó diferencias de precios estimadas en $5.984 millones en medicamentos y $1.849 millones en insumos, lo que representa una afectación económica parcial de más de $7.833 millones. El juez advirtió que esa cifra podría aumentar a medida que se revisen otras operaciones.
Los procesamientos también contemplan presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada contra la administración pública. En el caso de Calvete, además, se incluyó el presunto lavado de activos de origen ilícito. La causa busca determinar cómo se habrían utilizado los procedimientos de contratación pública para favorecer a determinados proveedores en compras destinadas a atender necesidades sanitarias de personas con discapacidad y otros beneficiarios en situación de vulnerabilidad.
