El Congreso Nacional comenzará esta semana a activar el debate de dos de las iniciativas más sensibles que impulsa el Gobierno de Javier Milei: la reforma laboral y la baja de la edad de imputabilidad. La agenda legislativa se concentrará, en una primera etapa, en la conformación y designación de autoridades de las comisiones clave que deberán analizar ambos proyectos durante el período de sesiones extraordinarias.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, este martes se dará inicio formal a la constitución de las comisiones en el Senado, donde se espera que el debate de la reforma laboral comience el próximo 11 de febrero. Se trata de una iniciativa que había quedado postergada durante 2025 y que ahora el oficialismo busca reactivar con un esquema de negociación más amplio.
En ese contexto, La Libertad Avanza (LLA) intensificó los contactos con los bloques denominados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica. Las conversaciones se mantienen abiertas incluso luego de las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo con gobernadores en los últimos meses, en busca de respaldo político y territorial para avanzar con el paquete de reformas.
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El proyecto de Modernización Laboral propone una revisión integral del actual marco normativo. Entre sus ejes centrales se destacan los cambios en el régimen de indemnizaciones, la creación de un Fondo de Cese Laboral a través de convenios colectivos, la reducción de contribuciones patronales para incentivar la contratación formal y la incorporación de la figura del “Colaborador Independiente”, un esquema de prestación laboral sin relación de dependencia tradicional.
Además, la iniciativa introduce el denominado “Banco de Horas”, un sistema de flexibilidad horaria que permite compensar jornadas extendidas con descansos posteriores, en lugar del pago de horas extras. Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones apuntan a dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad, mientras que los sindicatos advierten sobre una posible pérdida de derechos adquiridos.
En paralelo, las centrales sindicales manifestaron un fuerte rechazo al proyecto y anticiparon movilizaciones frente al Congreso a partir de este martes. Consideran que la reforma “no genera empleo genuino” y que debilita la protección de los trabajadores, por lo que prometen un escenario de alta conflictividad social durante el debate parlamentario
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Por otra parte, el Congreso también comenzará a tratar la Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El proyecto establece un régimen especial para menores, con medidas socioeducativas y penas alternativas, elimina la posibilidad de prisión perpetua y fija un máximo de 20 años de condena. Sin embargo, contempla que adolescentes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan recibir penas similares a las de adultos, aunque sin cumplir condenas en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a tres años, o hasta diez años sin violencia grave, la iniciativa prioriza medidas de carácter social y educativo, como libertad asistida y trabajos comunitarios. Desde La Libertad Avanza sostienen que el objetivo es terminar con la “puerta giratoria” y dar respuesta a delitos cometidos por menores que, según el oficialismo, hoy quedan impunes bajo la legislación vigente.
Fuente: Noticias Argentinas.
