Foto de archivo.
El proyecto de ley que propone restringir el uso de teléfonos celulares en centros de detención de Chubut está siendo tratada en la Legislatura. La iniciativa apunta a reforzar los controles sobre las comunicaciones de personas privadas de libertad.
La diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera, explicó que el objetivo central no es prohibir la comunicación, sino regularla. “El objeto es prohibir el ingreso, la tenencia, la facilitación, el uso de equipos o terminales móviles en los centros de detención de la provincia de Chubut”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó: “Esto no es un régimen prohibitivo, esto es un régimen que ordena la comunicación, no que la prohíbe”. La propuesta establece un sistema institucional controlado que garantice el derecho a la comunicación bajo criterios de legalidad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos.
El proyecto se apoya en la normativa vigente, como la Ley Nacional 24.660, que ya restringe el uso de celulares en cárceles y dispone que las comunicaciones deben realizarse bajo supervisión. Además, contempla la instalación de inhibidores de señal y sanciones ante incumplimientos.
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Según se explicó durante las reuniones informativas de Comisiones, la iniciativa también incorpora estándares internacionales como las reglas Mandela, que reconocen el derecho de los detenidos a comunicarse, pero bajo condiciones reguladas y seguras.
Uno de los puntos clave del dictamen es el fortalecimiento de los mecanismos de control. Se prevé que los sistemas de comunicación estén sujetos a protocolos aprobados, auditables y accesibles para organismos judiciales.
A su vez, el texto garantiza alternativas para mantener el vínculo con el exterior. Se incluyen líneas telefónicas fijas, sistemas programados de comunicación y herramientas tecnológicas internas destinadas a educación y atención médica.
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Aguilera advirtió que el uso irrestricto de celulares dentro de las cárceles puede transformarse en una herramienta delictiva. Señaló que estos dispositivos permiten continuar con extorsiones, amenazas o coordinación de delitos desde el encierro.
En esa línea, sostuvo que un teléfono móvil “es un elemento de poder” dentro del sistema penitenciario, ya que puede facilitar la presión sobre víctimas y testigos, además de sostener redes delictivas activas.
El proyecto se enmarca en una política más amplia que busca desarticular las llamadas “oficinas remotas” del delito, es decir, maniobras criminales organizadas desde cárceles mediante dispositivos tecnológicos.
