Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) incorporado a la causa conocida como “Seguros” reveló que el ex presidente Alberto Fernández emitió facturas por servicios jurídicos durante al menos nueve años al broker Héctor Martínez Sosa, uno de los principales acusados en el expediente. El monto total facturado asciende a más de 4 millones de pesos, entre 2010 y 2019.
Según fuentes judiciales, la relación entre Fernández y Martínez Sosa no solo fue profesional sino también personal. El broker es esposo de María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada del mandatario durante su gestión. En la causa, se investiga el presunto direccionamiento de contratos y el cobro de comisiones infladas en pólizas contratadas por organismos públicos a través de Nación Seguros.
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La fiscalía sostiene que una vez en el poder, Fernández habilitó por decreto la participación de brokers en la contratación de seguros estatales. La norma en cuestión, el decreto 823/21, generó críticas por abrir la puerta a intermediaciones que ahora están bajo la lupa judicial. La relación previa entre el entonces presidente y uno de los intermediarios clave complica aún más su situación legal.
Entre las empresas que recibieron los servicios de Fernández figuran HMS SA y Austral Consulting SA, firmas vinculadas a Martínez Sosa. La última factura fue emitida el 6 de diciembre de 2019, apenas días antes de que Fernández asumiera la presidencia. En su declaración indagatoria del año pasado, el ex jefe de Estado reconoció su amistad con el broker, pero negó irregularidades.
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Ahora, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo deberán resolver la situación procesal de los 39 imputados en la causa. El informe de la PROCELAC podría ser clave para determinar si existió conflicto de intereses o un mecanismo planificado para beneficiar a intermediarios afines con fondos públicos.
Fuente: Noticias Argentinas.