En una decisión que afectó al sector del transporte y la obra pública, el gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito.
La medida, enmarcada en un plan de «modernización» estatal, generó un fuerte rechazo por parte del gremio de trabajadores viales, que alertó sobre una posible crisis en la infraestructura vial del país.
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Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), fue contundente: “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas”. En conferencia de prensa, responsabilizó directamente al presidente Milei y al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por “desmantelar la capacidad operativa del Estado en materia vial” en favor de negocios privados.
El decreto traslada las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Según Aleñá, esto implica la pérdida de control territorial, técnico y federal sobre las obras, y su reemplazo por una lógica centralizada que prioriza la rentabilidad sobre las necesidades sociales y la conectividad.
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Además del riesgo para la seguridad vial, el gremio advirtió que más de 5500 trabajadores quedarían desempleados y que 40 mil kilómetros de rutas nacionales estarían sin mantenimiento.
Fuente: Minuto Uno.
