Este sábado, la Justicia Federal de Lomas de Zamora llevó a cabo un allanamiento en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. La intervención, que incluye la suspensión de todo el directorio, fue decidida para asegurar la normalización y continuidad del servicio de cobertura para los afiliados.
La resolución judicial otorga a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud) la potestad de supervisar directamente al directorio de OSPRERA. Esto es parte de un proceso temporal que tiene como objetivo identificar irregularidades que comprometan las obligaciones de la obra social hacia sus afiliados. Fuentes de la investigación aseguran que el objetivo es “garantizar la normalización y continuidad del servicio de cobertura”.
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La investigación se centra en el supuesto desvío de fondos de OSPRERA para beneficio personal, lo que plantea serias preocupaciones sobre la administración de los recursos destinados al personal rural y estibadores. En los últimos cuatro años, la obra social recibió más de $26.090 millones del Estado, pero acumula deudas que superan los $43.949 millones hasta agosto, según cifras de la Superintendencia.
El juez a cargo ordenó la inhibición general de bienes y la inmovilización de las cuentas bancarias de José Antonio Voytenco, presidente de OSPRERA, para evitar la distracción de recursos y proteger el patrimonio de la obra social. Según datos oficiales, Voytenco registraba ingresos anuales por $14.005.643.
Fuente: Crónica.
