El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó los motivos de la polémica decisión de desafectar a 24 policías acusados de mantener vínculos con dirigentes libertarios. Según el funcionario, la investigación interna reveló que los efectivos filtraban información sensible sobre operativos y usaban recursos oficiales en actividades partidarias. “No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino sancionando acciones que están prohibidas para quienes visten el uniforme”, afirmó en diálogo con Infobae en Vivo.
La denuncia anónima que dio origen al caso fue presentada ante Asuntos Internos y detalla la relación de un grupo de policías con Maximiliano Bondarenko, excomisario retirado y candidato de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral. Alonso aseguró que existía “una estructura paralela que funcionaba como consultora política” y agregó: “No se puede permitir que un policía retire información y la facilite a legisladores nacionales”.
MIRÁ TAMBIÉN | Derrumbe parcial en Florencio Varela: tres heridos tras una explosión
El ministro también señaló que se utilizaban oficinas y salones policiales para reuniones políticas, lo que calificó como una grave violación a la institucionalidad de la fuerza. “La denuncia aportó registros informáticos y testimonios precisos. Por eso, los involucrados pasan a disponibilidad para que no interfieran en la investigación”, explicó.
La polémica se intensificó tras las críticas de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien acusó al gobernador Axel Kicillof de “odiar a la policía”. Alonso evitó responder directamente y remarcó que el objetivo es garantizar la neutralidad política de la Bonaerense: “El único interés es preservar la estructura institucional. No hay revancha ni persecución”.
MIRÁ TAMBIÉN | Comienza el operativo para reubicar animales del zoo de Luján
El expediente sigue en curso e incluye peritajes informáticos, declaraciones de testigos y la revisión de recursos policiales usados en actividades partidarias. Alonso anticipó que, si corresponde, las sanciones podrían escalar al plano judicial. “Los policías tienen derecho a defenderse, pero la gravedad del caso exige que no continúen en funciones mientras se investiga”, concluyó.
Fuente: Infobae.
