La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, anuló el último indulto del expresidente Jair Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, en lo que se conoció como la masacre de Carandiru.
El indulto fue una de las últimas decisiones de Bolsonaro antes del final de su mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes, consignó Europa Press.
La decisión de Weber es en respuesta a un pedido del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien a fines de diciembre de 2022 envió al Supremo una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos.
Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, pero ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.
De los agentes condenados, cinco ya murieron -uno de ellos asesinado- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.
Telam
