Los fiscales cuestionaron la decisión judicial y pidieron que se revise el cierre del caso que involucra a empresarios, familiares de Pablo Escobar y un exfutbolista.
Los fiscales federales apelaron el fallo que sobreseyó a ocho imputados en una causa por presunto lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. La resolución había sido dictada por un juzgado federal que consideró nulo el origen de la investigación.
Entre los beneficiados por el sobreseimiento se encuentran la viuda y el hijo de Pablo Escobar, además del exfutbolista Mauricio “Chicho” Serna y varios empresarios. La causa los vinculaba con maniobras financieras relacionadas con fondos de origen ilícito.
Según la acusación, las operaciones investigadas estarían conectadas con el colombiano José Bayron Piedrahita Ceballos, señalado como integrante del cartel de Cali. Se sospecha que se habrían canalizado más de tres millones de dólares a través de estructuras societarias en Argentina.
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Los fiscales sostuvieron que la decisión judicial es “arbitraria” y que aplicó un criterio de prueba incompatible con la etapa de instrucción. También cuestionaron que se haya descartado evidencia clave reunida durante años de investigación.
Además, remarcaron que en delitos de lavado de activos la prueba directa suele ser excepcional y que el análisis debe basarse en indicios. En ese sentido, advirtieron que el fallo desarticula el método habitual para investigar este tipo de delitos complejos.
La causa se inició a partir de información aportada por organismos internacionales y avanzó con declaraciones y medidas judiciales. Incluso, el principal investigado había colaborado como arrepentido en Estados Unidos, aunque ese acuerdo fue luego invalidado.
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Los investigadores señalaron que los imputados habrían operado mediante empresas para dar apariencia legal a fondos provenientes del narcotráfico. Parte de ese dinero habría sido destinado a proyectos inmobiliarios en la provincia de Buenos Aires.
En su apelación, el Ministerio Público también alertó sobre un impacto institucional del fallo, al considerar que debilita los estándares internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el recupero de activos.
Asimismo, solicitaron mantener las medidas cautelares sobre bienes y propiedades, para evitar que se frustre el proceso judicial en caso de que se revierta el sobreseimiento.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá analizar el planteo y definir si revoca la decisión, lo que podría reactivar una investigación que lleva más de ocho años en curso.
