La Cámara de Diputados aprobó un controvertido proyecto que declara a la educación como «Servicio Estratégico Esencial», con el objetivo de asegurar 180 días de clases y minimizar las interrupciones causadas por paros docentes en las escuelas públicas. La propuesta, respaldada por bloques como La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, busca implementar un sistema de guardias mínimas durante las huelgas. Sin embargo, la medida fue rechazada por el Frente de Izquierda y la mayoría de Unión por la Patria, quienes consideran que vulnera el derecho a la protesta.
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El proyecto establece que, en caso de paros docentes de uno o dos días, deberá garantizarse una guardia mínima del 30% del personal en cada institución educativa. Si la medida se extiende por más de tres días, el porcentaje se eleva al 50%, abarcando tanto al personal directivo como a los docentes y no docentes. Además, cada escuela deberá informar previamente sobre el sistema de guardias que se activará durante el ciclo lectivo para garantizar el dictado de clases.
Durante el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, defendió la iniciativa argumentando que busca equilibrar el derecho de los docentes a huelga con el derecho de los estudiantes a una educación continua. “Este proyecto pone a los chicos en el centro del sistema educativo. La escuela debe estar abierta y garantizar no solo la educación, sino también otros derechos, como el acceso a la alimentación”, afirmó.
Desde la oposición, voces como la de Blanca Osuna (Unión por la Patria) criticaron duramente la medida, calificándola como un intento de regular y limitar el derecho a huelga. Según Osuna, la verdadera solución al problema educativo radica en abordar las causas profundas, como la pobreza y la desnutrición, y no en imponer restricciones a los trabajadores. En una postura similar, Vanina Biasi (Frente de Izquierda) enfatizó la defensa de la docencia y el derecho a la protesta.
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La aprobación del proyecto, que aún deberá ser tratada en el Senado, desató un intenso debate sobre el equilibrio entre los derechos laborales y el acceso a la educación. Mientras sectores oficialistas destacan la necesidad de asegurar la continuidad escolar, otros advierten sobre las implicancias legales y sociales de calificar la educación como un servicio esencial.
Fuente: Noticias Argentinas.
Foto: X (@DiputadosAR)
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