La disputa judicial por el Cupón PBI llega a un punto crítico este jueves, con un vencimiento que podría obligar al país a pagar más de 1300 millones de euros. Los demandantes ya planean acciones para embargar bienes públicos si no se concreta el pago.
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La Argentina se encuentra ante una encrucijada financiera y judicial. Este jueves se cumplen 45 días desde el fallo de la Corte de Apelaciones de Londres, que condenó al país a pagar 1300 millones de euros (aproximadamente 1368 millones de dólares) por la manipulación de las estadísticas del INDEC en 2013. El conflicto, originado durante el gobierno de Cristina Kirchner, surgió por la alteración del cálculo del PBI, lo que impidió que se activara el pago de los intereses del bono Cupón PBI.
La sentencia de la Corte británica amplió el alcance del reclamo a todos los tenedores de este bono en euros, incrementando el monto inicialmente exigido. Sin embargo, persiste un desacuerdo sobre la fecha límite del pago: mientras los demandantes señalan el 23 de noviembre, Argentina asegura que vence el 28 del mismo mes. Si no se realiza el abono, los acreedores podrán confiscar los más de 300 millones de euros depositados en febrero y buscar activos a embargar para saldar el total.
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A pesar de las complicaciones, el Gobierno analiza alternativas. Estas incluyen un posible acuerdo extrajudicial con los acreedores, aunque con una quita menor debido al fallo desfavorable, o la emisión de nuevos bonos soberanos para evitar el uso de reservas del Banco Central. Este modelo ya fue utilizado para resolver la deuda con Repsol tras la expropiación de YPF.
La controversia sobre los cupones PBI, además, afecta en dos frentes: Londres y Nueva York. Mientras el caso en euros avanza hacia posibles embargos, el litigio en dólares se mantiene pendiente. El fallo británico, que obliga a Argentina a mantener la publicación de las series económicas originales desde 1993, marca un precedente en la transparencia estadística exigida al país.
Este escenario podría definir el futuro económico inmediato de Argentina, que enfrenta no solo demandas internacionales, sino también el desafío de preservar sus activos estratégicos en medio de una compleja negociación legal.
Fuente: TN
Foto: Archivo
