Tras la prórroga de la emergencia energética, el Gobierno definirá en 2025 el futuro de los subsidios, mientras busca minimizar los cortes de luz durante el verano.
El Gobierno nacional continúa evaluando qué hacer con los subsidios a la energía que aún están vigentes, luego de prorrogar la emergencia energética hasta julio de 2025. Esta decisión extiende el plazo para la normalización de los servicios de energía eléctrica y gas, que originalmente debía concluir a fines de 2024. Fuentes oficiales anunciaron que las revisiones regulatorias se pondrán en marcha en enero y febrero de 2025, abriendo un período de transición durante el cual el Gobierno podría continuar con la segmentación de tarifas y los aumentos mensuales de tarifas, sin un marco regulatorio claro.
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El ministro de Economía, Luis Caputo, ha estimado que el sistema de segmentación de subsidios, que divide a los usuarios en tres grupos según sus ingresos, podría llegar a su fin a finales de 2024. El plan busca llevar a cabo una gradual eliminación de los subsidios para los hogares de mayores ingresos, quienes pagarían el costo real del suministro energético, mientras que las familias de menores recursos seguirían recibiendo asistencia mediante la tarifa social.
Mientras tanto, la emergencia energética también implica la prórroga de la transición tarifaria, lo que deja abierta la posibilidad de que el Gobierno implemente aumentos de tarifas sin restricciones. Las intervenciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) seguirán siendo válidas hasta la creación de un nuevo ente regulador que abarque ambos sectores, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, lo que también será definido en los próximos meses.
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El reciente Decreto 1023/2024, publicado este miércoles, justifica la extensión de la emergencia energética debido a las “graves” condiciones heredadas por el Gobierno de administraciones anteriores. Asegura que la crisis en el sector energético afecta a tres aspectos clave: el sistema económico recaudatorio, la infraestructura de suministro de energía y la falta de señales de mercado. Esta situación justifica la necesidad de adoptar medidas urgentes y continuar con la emergencia hasta julio de 2025, con el fin de garantizar el suministro energético y la estabilidad de los servicios públicos.
Además, el decreto establece la coordinación entre las provincias y la Secretaría de Energía para reforzar la prestación de los servicios eléctricos en sus respectivas jurisdicciones. La norma también subraya la necesidad de asegurar inversiones en infraestructura para garantizar la calidad del servicio en el futuro, en un contexto económico y social desafiante.
Fuente: Noticias Argentinas
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