El gobierno de Javier Milei oficializó la creación de un “registro de avatares” para organizar el trabajo de los llamados agentes encubiertos digitales. El sistema, anunciado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, busca optimizar investigaciones en entornos online mediante identidades falsas que interactúan con organizaciones criminales.
El registro se basa en la Ley 27.319, vigente desde 2016, pero que hasta ahora se aplicaba de manera dispersa entre distintas fuerzas. “Cuando un juez ordena un encubierto digital, le asignamos un nombre, una cuenta y características específicas. Terminada la investigación, ese avatar se destruye”, explicó Fernando Soto, Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial. Los agentes se infiltran en redes criminales de narcotráfico, trata de personas o pornografía infantil, incluso simulando transacciones para ganar la confianza de los delincuentes.
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La medida se inscribe en la estrategia de ciberpatrullaje que Bullrich reforzó en 2024, incluyendo la creación de una unidad de Inteligencia Artificial. “Es un paso institucional necesario para mejorar la eficiencia de las investigaciones”, señaló Luis García Balcarce, abogado especializado en derechos digitales. Sin embargo, advirtió que los avatares interactúan con usuarios legítimos, lo que podría implicar la recolección de datos personales de terceros no investigados.
Para los especialistas, el desafío está en equilibrar seguridad y privacidad. “Se deben incorporar salvaguardas claras sobre cómo se maneja la información colateral para evitar efectos inhibitorios en la comunicación digital”, sostuvo Balcarce. Desde el Ministerio aseguran que cada identidad es eliminada al concluir los operativos, aunque organizaciones de derechos digitales piden mayor transparencia en el proceso.
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El nuevo protocolo también contará con un Consejo Académico Asesor integrado por jueces, fiscales y altos mandos de las fuerzas federales, presidido por el juez Ricardo Basílico. Según Bullrich, la centralización del sistema permitirá desbaratar más rápido a las bandas cibercriminales y reducir delitos en entornos digitales.
Fuente: Clarín.
