Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados hoy por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investigan actividades de vigilancia prohibidas realizadas sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al Instituto Patria, en 2018.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, quien además les trabó embargos sobres sus bienes por 2 millones de pesos a cada uno y les prohibió la salida del país, según consta en el fallo de 172 páginas al que accedió Télam.
En la misma resolución, el magistrado además procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.
El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” el entonces director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora, Majdalani, “impartieron órdenes” al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordinara “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal”.
Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.
Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”, sostuvo el juez en su resolución.
Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo con lo investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, y no el de vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado, en el marco de las cumbres internacionales que se realizaron en Buenos Aires en 2018.
Augé relató además que después de llevar a cabo esas maniobras y tras ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, “entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.
Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.
