La administración del presidente Joe Biden ha decidido endurecer las restricciones de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, según anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) este lunes. Esta medida busca prolongar la prohibición y reducir aún más el número de cruces ilegales, en un contexto de creciente presión política sobre la inmigración.
El nuevo cambio, que entrará en vigor justo después de la medianoche, establece que la prohibición se mantendrá hasta que las detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente caigan por debajo de una media diaria de 1.500 durante un periodo de 28 días, en lugar de los siete días que se aplicaban anteriormente. Este ajuste refleja el compromiso de la administración Biden de abordar uno de los temas más candentes para los votantes, especialmente con las elecciones del 5 de noviembre a la vista, donde la vicepresidenta Kamala Harris competirá contra el republicano Donald Trump, un conocido defensor de una política migratoria más estricta.
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Desde la implementación de la prohibición de asilo en junio, se ha observado una reducción significativa en el número de inmigrantes que intentan cruzar la frontera. En septiembre, las autoridades fronterizas han detenido a aproximadamente 54.000 inmigrantes, una cifra considerablemente más baja que el récord de 250.000 detenciones registrado en diciembre. Sin embargo, con la nueva política, el DHS busca asegurar que cualquier disminución en los cruces sea sostenida y no resultado de tendencias temporales.
Uno de los aspectos destacados de la nueva política es que todos los niños no acompañados que sean detenidos cruzando ilegalmente serán contados para evaluar si las restricciones pueden ser levantadas. Anteriormente, solo se contabilizaban aquellos niños que provenían de México y Canadá. Este cambio pretende brindar una visión más completa de la situación migratoria en la frontera y garantizar que las políticas respondan a la realidad del fenómeno migratorio.
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Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes, liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), han expresado su oposición a la prohibición, argumentando que es contraria a la legislación estadounidense sobre asilo y que recuerda a las políticas de Trump, que fueron bloqueadas en los tribunales.
Fuente: LA NACIÓN
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