El sobre bomba que llegó misteriosamente a la Legislatura fue el disparador hace un par de años de las causas de las más escandalosas del entramado corruptivo provincial.
Con sentencias en la causa Embrujo y Emergencia Climática y con la realización inminente del juicio oral y público en la causa Revelación, el fiscal Marcos Nápoli irrumpió para revelar que había llegado a un acuerdo con dos de los principales imputados, para un juicio abreviado, que no sólo les evitaría compadecer en el debate oral y público, sino que los eximiría de la cárcel.
Carpintero ofreció la friolera suma de 70 millones de pesos, a través de dos inmuebles y una camioneta, mientras Oca se irá a casa con el solo hecho de reconocer su participación en una asociación ilícita.
“No sé cómo calificar la impresión que tenemos, en realidad estamos bastante indignados, nosotros hemos fijado una posición pública en relación a lo que ha anunciado el fiscal Nápoli porque todavía no hemos accedido al expediente”, expresó Meza Evans, uno de los diputados querellantes en el proceso de instrucción.
“Nosotros nos constituimos como querellantes en nuestra calidad de diputados provinciales, pero como dejamos de serlo el 10 de diciembre y no seguimos participando del proceso porque nuestra legitimación había caducado”, recordó.
“Participamos en un proceso que fue largo y tedioso, pero que en diciembre del año pasado, cuando todavía éramos querellantes, llegamos a la instancia de la audiencia preliminar”, añadió.
“La audiencia preliminar es donde se expone la acusación y se muestran todas las pruebas de las partes y el juez hace una valoración para determinar si se encuentran reunidos todos los elementos para habilitar el juicio. Y en ese momento el juez Sergio Piñeda decidió elevar esta causa a juicio oral y público”, enfatizó el ex legislador.
“Ahora aparece la figura del fiscal proponiendo un juicio abreviado, que es la forma de eludir el juicio oral y público, establecido por el sistema acusatorio. Es un debate entre el fiscal y la defensa en presencia de tres jueces que termina con un fallo de condena o absolución”, se extrañó.
“Acá hay prueba suficiente, material y testimonial, de la existencia de los ilícitos, tal es así que Nápoli había pedido una pena de seis años para Oca y para Carpintero Patterson ocho, además de las consecuencias económicas que era el desapoderamiento de todo lo mal habido”, consideró Meza Evans.
“Que ahora aparezca la figura del juicio abreviado a esta altura del proceso a nosotros nos conmueve. Creo que cuando comenzaron estas causas, los fiscales y la Justicia ganaron muchos puntos, pero pareciera que ahora estamos dando marcha atrás”, cuestionó.
“¿Hay un marco de legalidad en todo esto? Es dudoso, porque hay aspectos de la Constitución que indicarían que una conciliación de este tipo no debería realizarse cuando se tratan de casos de corrupción», objetó.
«Por otro lado, los fiscales tienen una facultad que está vinculada al Principio de Oportunidad, que le permiten este tipo de atajos. Esto está vinculado a las características de las causas, el volumen y a la política penal, porque en un momento determinado pueden decir nos vamos a dedicar más al robo con armas y dejaremos otras causas de lado», explicó el referente justicialista.
«Ahora, ¿es oportuno que el fiscal proponga en una causa de estas características que tanto daño le ha hecho a todos los chubutenses un juicio abreviado que implica que ninguno vaya preso? Creo que no es oportuno, no le hace bien al Poder Judicial ni a la comunidad», aseveró.
«Hay un argumento que utiliza el fiscal de que en el juicio oral y público el acusado pudiera ser absuelto, es un temor natural, pero el fiscal debe estar preparado para afrontar este tipo de batallas. Si no le da el cuero con toda la prueba acumulada para tener confianza de lograr una sentencia condenatoria, que renuncie como fiscal», advirtió.
«No sólo es cuestión de obtener más dinero a través del juicio oral. De cualquier manera el daño a todos los chubutenses tampoco se cierra del todo en un juicio porque la Fiscalía de Estado también podría accionar civilmente, pero lo importante es que el fiscal tiene en sus manos la persecución penal y el objetivo de ésta es que quien haya cumplido un delito cumpla una pena», señaló Meza Evans.
En la causa Revelación los fiscales ya habían acordado la probation para varios de los empresarios de la construcción implicados en los retornos de la obra pública.
«Es cierto que se fue reduciendo la cantidad de acusados, una política que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, nosotros tuvimos reuniones bastante ásperas en su momento con los fiscales porque no queríamos acceder, sobre todo por los montos que se ofrecían como reparación en el caso de los empresarios», referenció.
«Pero en esos casos los empresarios podían hacer valer el hecho de fuerza mayor, o pagaban la coima o no tenían obras, parecía más atinado aceptar una reparación económica, pero de ninguna manera podía repetirse con el funcionario público, tal es así que la ley prohíbe la figura de la suspensión del juicio a prueba, y creo que también está prohibido el juicio abreviado cuando el Código Procesal remite al artículo 163 de la Constitución, pero lo vamos a exponer cuando lo tengamos más estudiado», evaluó.
También rechazó que «el fiscal Napoli indica que lo dejamos solos, que nos presentamos como querellantes por una especulación política, pero eso es una vil mentira».
«A partir del famoso sobre-bomba que llegó a la Legislatura, dirigido a las diputadas Marcilla, Dufour y a mí nosotros que no teníamos ninguna obligación de hacerlo, nos pusimos a revisar esos papeles, comenzamos a cotejar precios, una investigación preliminar, lo que derivó en la causa de la Emergencia Climática», rememoró.
«A partir de eso nosotros expusimos algunas cuestiones que derivaron en las causas Revelación y Embrujo. Nosotros no teníamos la obligación de presentarnos como querellantes, con hacer la denuncia hubiera sido suficiente, pero como teníamos el temor, después infundado, de que todo se pinchara o pasaran cosas raras y que podíamos evitar cualquier cosa extraña al ser querellantes, sobre todo por la vinculación del poder económico y político», admitió.
«En aquel momento los fiscales nos demostraron una actitud de suma valentía, de gran contracción al trabajo y a pesar de las serias dificultades operativas hicieron un esfuerzo descomunal para llevar estas causas adelante; el fiscal Omar Rodríguez, Alex Williams, Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz», valoró.
«Por eso nos sorprende que de la noche a la mañana, en un juicio a punto de iniciarse, aparezca esta transacción. Creo que con la corrupción no se debe transar y el juicio abreviado es una transacción. Se sientan alrededor de una mesa, se ponen de acuerdo; yo te doy esto, vos me pedís una condena de tanto, yo no voy preso, pero te devuelvo 70 millones de pesos. Esto es horrible! Horrible e inoportuno», censuró Meza Evans.
«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», anheló.
«Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito, por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años», impugnó.
«Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecularia, Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy», dijo extrañado.
“No están poniendo la plata de ellos, están poniendo la nuestra para salir libre, se da cuenta, esa es la indignación», sostuvo en tono irónico y entre risas.
«Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se choreó, no lo creo, pero igual es ridículo, qué sentido tiene el sistema penal entonces. La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora», analizó.
«Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave, hagamos lo que se pueda hacer esto que no pasa nada. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir», insistió.
Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como «Ñoquis Calientes», Meza Evans alertó que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.
«La compañera Dufour habló con el fiscal Nápoli, en principio estábamos muy enojados, pero viendo que con eso no hacíamos nada y más allá de que hoy no cumplimos ninguna posición pública, decidimos expresar nuestra posición», indicó el dirigente político.
«Acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo», reiteró en el final.
