El Gobierno de Bolivia declaró la emergencia energética y social en todo el país frente a un escenario marcado por la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de divisas. La decisión fue formalizada mediante un decreto presidencial que habilita la adopción de medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento y sostener la actividad económica.
El presidente Rodrigo Paz Pereira firmó el Decreto Supremo 5517, que autoriza de manera excepcional la importación y comercialización privada de derivados del petróleo a precio de importación. La normativa establece un régimen de acceso no discriminatorio a la infraestructura energética, con el objetivo de aliviar los cuellos de botella en la distribución interna.
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Desde el Ejecutivo explicaron que la medida busca reducir el impacto de la crisis sobre la población, en un contexto de restricciones externas y escasez de dólares que dificulta la compra de insumos básicos en el mercado internacional. El decreto remarca la necesidad de garantizar el suministro energético como condición para la recuperación económica.
Uno de los puntos centrales de la disposición es la atención al déficit extremo de diésel, combustible clave para el transporte, la agroindustria y sectores estratégicos. En ese marco, el Gobierno decidió suspender temporalmente al diésel de la lista de sustancias controladas y eliminar por un año la exigencia de autorización previa para su importación.
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Además, el decreto establece la quita temporal del diésel del Arancel Aduanero de Importaciones, con el fin de facilitar su ingreso al país. La Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos deberán adecuar sus procedimientos en un plazo de cinco días hábiles, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos y Energías tendrá hasta 15 días para reglamentar el acceso a la infraestructura del sector.
Fuente: Noticias Argentinas.
