La Justicia de Bolivia amplió por cinco meses más la prisión preventiva que deberá cumplir la expresidenta de facto Jeanine Áñez mientras se investiga su responsabilidad en el golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019, una medida que también regirá para dos de sus ministros, igualmente detenidos.
La medida, solicitada por el Ministerio Público, fue tomada por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad boliviana de La Paz y afecta también al exministro de Justicia Álvaro Coimbra y de Energías Rodrigo Guzmán, ambos de su Gobierno de facto, reportó el diario Los Tiempos.
La defensa interpuso un recurso de apelación para que un tribunal superior revise esta medida cautelar dentro del proceso a instancias de la exdiputada Lidia Patty.
La audiencia de cesación a la detención preventiva se había iniciado el viernes, pero Añez sufrió una descompensación, motivo por el cual se dictaminó un cuarto intermedio y se reanudó recién ayer.
El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, dijo que al momento de instalar la audiencia y activarse las cámaras pudo ver una «situación lamentable por el hecho que le exijan bajar a una supuesta sala de audiencia en el estado de salud que se encuentra».
A su juicio, esta exigencia es una que «ya cursa en la tortura» porque el Régimen Penitenciario la obligó a bajar a una sala de audiencias aún disponiendo de una computadora portátil y sabiendo que no tiene las fuerzas para desplazarse por la enfermedad que atraviesa su cliente.
Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de «sedición, terrorismo, conspiración y genocidio», entre otros delitos, por participación en el golpe de Estado contra el expresidente Morales, indicó la agencia Télam.
En medio de denuncias por supuesta persecución política, su círculo más cercano aseguró que la expresidenta de facto intentó suicidarse a mediados de agosto, en pleno deterioro de su estado de salud.
Entre otros cargos, la exmandataria de facto enfrenta uno por «genocidio» que surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.
Áñez se proclamó presidenta interina en una sesión del Senado sin quórum el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales se viera obligado a renunciar presionado por una rebelión militar, antes de exiliarse en México y luego en la Argentina.
Un año después, Áñez dejó el poder tras la elección del presidente Luis Arce, con más del 55% de los votos y 28 puntos porcentuales por sobre su rival Carlos Mesa.
