La correlación de fuerzas del Congreso, en el que la derecha pasó a ser oficialismo y la izquierda oposición tras la destitución el 7 de diciembre de Pedro Castillo y su reemplazo por Boluarte, hace sin embargo que los analistas descarten que la mandataria sea sacada del sillón, al que se aferra con una desaprobación popular que llega a 77% en las encuestas.
Lo saben los parlamentarios de Perú Libre (PL), partido marxista leninista que llevó como vicepresidencia a la que es hoy jefa de Estado y que se encuentra ahora en la primera línea de la oposición.
“Se le pueden venir la segunda y tercera (mociones). En algún momento va a salir”, advirtió en una conferencia de prensa el portavoz parlamentario de PL, Flavio Cruz, al admitir las pocas chances que el intento prospere.
Si al menos 52 de los 130 congresistas lo aprueban, la moción irá a una instancia definitiva en que se requerirán 87 votos para destituir a Boluarte, quien sería reemplazada por el presidente del Congreso, José Williams, obligado por ley a convocar elecciones en la mayor brevedad posible.
Lo que fue la bancada oficialista en la administración Castillo, fragmentada ahora en cuatro grupos con 42 parlamentarios en total, está sola en el primer intento, pero sus integrantes no descartan que eso pueda revertirse en el futuro.
“Cada día se va desacreditando este gobierno y (la revelación de hechos de presunta corrupción) lo hacen inmoral. (Es) un gobierno que no da la talla ante las expectativas del país en este momento de crisis”, señaló Cruz.
En tres casos recientes, los de Pedro Pablo Kuzcynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020, y Castillo, los presidentes superaron el primer intento, pero cayeron después.
Para las bancadas de izquierda -PL, Bloque Magisterial, Cambio Democrático y Perú Bicentenario-, Boluarte es la primera responsable de la ola de muertes por la represión a las protestas que, en opinión de grupos y personalidades nacionales e internacionales, fue letal y desproporcionada.
Pero la mandataria tiene respaldo de los partidos de derecha y centroderecha, que coinciden en el discurso de que las manifestaciones son promovidas por extremistas de izquierda financiados con dinero clandestino y que las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a reprimir el “vandalismo”.
Desde diciembre son 49 los civiles fallecidos por la represión, según la Defensoría del Pueblo, la mayoría por perdigones, lanzadores de bombas lacrimógenas o armas letales prohibidas para esos casos.
Otras 17 personas murieron por hechos indirectos, entre ellas seis soldados que se ahogaron en un río cuando, según las Fuerzas Armadas, eran hostigados por campesinos. Un policía fue incinerado vivo, pero la captura de los asesinos, delincuentes comunes, sembró dudas sobre la motivación.
Las muertes, registradas sobre todo en los Andes sureños, pero también en la costa norte y Lima y por las que Boluarte ya es investigada por la Fiscalía, convirtieron en tragedia las movilizaciones que comenzaron después de que la presidenta, tras asumir el poder, anunció que pensaba quedarse hasta 2026, cuando termina el actual período.
Boluarte se rectificó luego y dijo que era partidaria de anticipar las elecciones, tal como pide más del 90% de la población en las encuestas, pero el país ya estaba incendiado. El Congreso, al que los sondeos le dan 7% de aprobación popular, dilató la fijación de una fecha para esos posibles comicios adelantados.
Organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch documentaron los excesos de policías y militares, criticados además por diversas instancias internacionales, incluido el Departamento de Estado de Estados Unidos.
No obstante, para la derecha, que promovió tres mociones de vacancia en 17 meses de gobierno de Castillo, lo ocurrido no es razón para sacar a Boluarte.
“Por las matanzas creo que no amerita una vacancia (…). Es evidente que hay un tinte político y el objetivo es otro”, dijo María del Carmen Alva, presidenta del Congreso durante los primeros intentos de destitución contra el ahora preso Castillo.
El intento de vacancia se da además en momentos en que la Fiscalía investiga el grado de participación de la presidenta en la presunta financiación ilegal de su campaña, lo que podría configurar lavado de activos y organización criminal.
Según la Fiscalía, el empresario Henry Shimabukuro, a quien señala la prensa como miembro de un “gabinete en la sombra” de Castillo, invirtió grandes sumas en la campaña de Boluarte para vicepresidenta, con lo que buscó ganar favores si llegaba al poder.
Con ese dinero, apunta la Fiscalía, Boluarte hizo “operaciones sospechosas”. La mandataria admite que Shimabukuro colaboró, pero asegura que no estuvo al tanto del manejo del dinero, respuesta que para los investigadores es poco verosímil.
La presidenta, abogada de 60 años con escasos antecedentes en política, busca sobrevivir en medio del rechazo popular, fundida en un abrazo con la derecha más radical, su otrora adversaria. Un abrazo que, según algunos observadores, puede terminar cuando ésta ya no la necesite.
“Lo que busca la derecha fascistoide, corrupta, es consolidar el control del aparato del Estado, para profundizar medidas políticas y económicas que la favorezcan. Obviamente, su objetivo es perennizarse en el poder”, dijo Julio César Bazán, presidente de la Central Única de Trabajadores de Perú.
Según Bazán, el plan de la derecha radical es tomar control de los organismos electorales, tras lo cual convocarían a unos comicios manipulados por Williams como presidente interino.
Por ahora, el Tribunal Constitucional, en un fallo muy criticado, dio luz verde para que el Parlamento pueda remover a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
La permanente crisis política de Perú quedó relegada en las últimas semanas por la emergencia derivada de inundaciones que dejan más de 50 muertos, pero los analistas creen que con el alto grado de insatisfacción popular las protestas reaparecerán en un futuro próximo.
Boluarte descartó cualquier posibilidad de renunciar, y, aunque dijo lamentar las muertes, aprobó el accionar de las Fuerzas Armadas que, según su primer ministro, Alberto Otárola, busca “pacificar” al país.
Fuente: Télam.
