El Congreso de Brasil aprobó la suspensión de una norma que garantizaba el acceso al aborto legal para niñas y adolescentes embarazadas tras sufrir una violación. La decisión fue ratificada por el Senado en una rápida votación y dejará sin efecto una resolución impulsada por el Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda).
La medida ya había recibido el respaldo de la Cámara de Diputados en noviembre de 2025 y entrará en vigor una vez que sea promulgada. La normativa suspendida establecía procedimientos específicos para proteger los derechos de menores víctimas de violencia sexual.
Entre sus principales disposiciones, la resolución impedía que familiares pudieran anular la voluntad de la menor respecto al aborto legal y garantizaba asistencia jurídica gratuita. Además, promovía la confidencialidad, la autonomía y el derecho de las víctimas a ser escuchadas sin sufrir nuevas situaciones de violencia institucional.
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El texto también fijaba protocolos para evitar la revictimización en los sistemas de salud y justicia, obligando a los profesionales a actuar bajo criterios de atención humanizada. Sin embargo, legisladores conservadores argumentaron que el Conanda excedió las competencias que le otorga la ley.
La senadora Damares Alves, exministra durante el gobierno de Jair Bolsonaro, sostuvo que el organismo no tiene facultades para crear nuevos derechos ni establecer marcos jurídicos. En la misma línea, la senadora Eudócia Caldas afirmó que la suspensión busca impedir medidas que, según su postura, favorezcan la práctica del aborto.
Actualmente, la legislación brasileña permite el aborto únicamente en casos de violación, riesgo para la vida de la madre o malformación cerebral del feto. El debate ocurre en un contexto marcado por los altos índices de embarazo adolescente: en 2025 se registraron cerca de 275.000 nacimientos de madres adolescentes, incluyendo más de 11.600 casos de niñas de entre 10 y 14 años.
FUENTE: EFE.
IMÁGEN: EFE/ Andre Borges.
