El Gobierno presentó una reforma constitucional para habilitar penas perpetuas. Organismos de derechos humanos cuestionan la iniciativa en medio del régimen de excepción.
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El gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, propuso este martes una reforma constitucional para habilitar la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo, en el marco de su política de endurecimiento penal contra las pandillas.
La iniciativa fue presentada ante la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y apunta a modificar el artículo 27 de la Constitución, que actualmente prohíbe las penas perpetuas. El nuevo texto permitiría aplicar esta sanción exclusivamente a delitos considerados de extrema gravedad.
Desde el oficialismo, el presidente del Parlamento, Ernesto Castro, adelantó que la reforma podría aprobarse de forma rápida, incluso en la misma jornada, para luego ser ratificada conforme a los nuevos mecanismos legales vigentes.
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La propuesta implicaría también cambios en normativas complementarias, como el Código Penal, la Ley Penal Juvenil y la legislación contra el terrorismo, con el objetivo de adecuarlas a la nueva disposición constitucional.
El impulso de esta reforma se da en un contexto marcado por el régimen de excepción en El Salvador, implementado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Bajo este esquema, más de 91.000 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer o colaborar con estos grupos.
Sin embargo, la iniciativa generó críticas de organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre posibles vulneraciones a garantías fundamentales y denuncian abusos en el marco del régimen de excepción. Según distintos reportes, al menos 500 personas murieron bajo custodia estatal en los últimos años.
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En enero de 2025, la Asamblea ya había aprobado una controvertida reforma que permite modificar la Constitución en una sola legislatura, con el voto de 45 de los 60 diputados, lo que facilitó el avance de cambios estructurales, entre ellos la habilitación de la reelección presidencial indefinida.
La discusión sobre la cadena perpetua se suma así a un escenario de fuerte debate en El Salvador, donde el Gobierno defiende sus políticas como necesarias para garantizar la seguridad, mientras sectores críticos advierten sobre el impacto en el estado de derecho.
Fuente y foto: EFE
