La cartera que conduce Sandra Pettovello envió una carta al gobierno de Axel Kicillof para que informe si investiga una supuesta intervención ideológica durante un acto escolar en St. John’s School.
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El Ministerio de Capital Humano solicitó formalmente al gobierno bonaerense que brinde detalles sobre un presunto caso de adoctrinamiento en una institución educativa de Pilar. La cartera encabezada por Sandra Pettovello remitió una nota a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para que informe si inició una investigación y qué medidas adoptará en caso de confirmarse los hechos.
Según se indicó, el Ministerio tomó conocimiento de una grabación en video que debería ser verificada por las autoridades provinciales. En ese registro, una inspectora de la Región 11 habría realizado, ante alumnos de nivel primario del St. John’s School, comentarios con contenido ideológico vinculados a la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. De acuerdo con lo expuesto en la nota oficial, las expresiones podrían encuadrarse como posicionamientos partidarios en el ámbito escolar.
La comunicación fue dirigida a la administración que conduce el gobernador bonaerense Axel Kicillof. En el texto, el Ministerio sostuvo que, de corroborarse lo ocurrido, podría configurarse un caso de adoctrinamiento que afectaría la integridad psicológica de los estudiantes, su derecho a una educación cívica plural y el libre desarrollo del pensamiento.
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Desde Capital Humano recordaron que la Constitución Nacional garantiza el derecho de enseñar y aprender, así como la libertad de expresión y de conciencia. También citaron la Convención sobre los Derechos del Niño y un conjunto de normas vigentes, entre ellas la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños y Adolescentes y la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece que los alumnos deben ser respetados en su libertad de conciencia y protegidos frente a cualquier forma de agresión psicológica.
En la misma línea, el Ministerio mencionó la Ley 26.892 sobre convivencia escolar y el Decreto 1086/24, que incorporó disposiciones específicas sobre la libertad de pensamiento y actuación de niños, niñas y adolescentes, al señalar que la imposición de posturas político-partidarias vulnera derechos fundamentales. Además, recordó que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el Reglamento General de Instituciones Educativas bonaerense prohíben la colocación de símbolos partidarios en establecimientos educativos.
En ese contexto, la cartera nacional requirió que la Provincia informe si abrió un sumario o investigación interna, qué mecanismos existen para prevenir o sancionar eventuales casos de adoctrinamiento, si se registraron antecedentes similares y qué protocolos se aplican para garantizar el pluralismo y la libertad de pensamiento en las escuelas.
El Ministerio indicó que aguardará la respuesta dentro de las competencias previstas por la normativa educativa vigente, en un nuevo cruce institucional que suma tensión entre la Nación y la administración bonaerense en torno al sistema educativo y la formación cívica en las aulas.
Fuente: Noticias Argentinas
Foto: Archivo
