La Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por el hackeo al PAMI ocurrido en agosto de 2023, en el que se vulneraron sistemas informáticos y se robaron bases de datos de afiliados, médicos prestadores y claves de acceso a recetas electrónicas. La decisión fue adoptada por mayoría, con las firmas de los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky, mientras que Gustavo Hornos votó en disidencia.
El tribunal consideró que el archivo de la causa fue «prematuro» y que aún restan medidas clave para identificar a los responsables. Carbajo señaló que la investigación debe incluir la colaboración con Europol, ya que este tipo de ataques forman parte de una “delincuencia organizada y transnacional” que aprovecha vulnerabilidades conocidas como “puertas traseras”.
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En paralelo, el tribunal ordenó que se incorpore a la causa principal un expediente que tramita en Córdoba, donde se investiga a Tiziano Palacios Arriondo por la presunta compra de bases de datos robadas al PAMI con ánimo de lucro. Entre la información sustraída figuran carnets digitales, datos de afiliados y credenciales de acceso a sistemas de gestión de la obra social.
El ataque, que según los peritos se realizó mediante “ransomware”, provocó la paralización parcial de servicios durante días y afectó la atención a jubilados y pensionados. La resolución de Casación advierte que delitos de este tipo «se están volviendo cada vez más frecuentes y la recuperación total de los sistemas no siempre es posible».
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La investigación quedará a cargo del Juzgado Federal N°9 de la Ciudad de Buenos Aires, que ahora deberá avanzar con medidas internacionales de cooperación y profundizar en la posible participación de redes criminales organizadas en el ciberataque que golpeó a la mayor obra social del país.
Fuente: Noticias Argentinas.
