Lo reconoció el fiscal de la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer, quien al dialogar con Radio 3 brindó detalles sobre la causa.
El fiscal de la Comarca Andina, Carlos Díaz Mayer, brindó precisiones a Radio 3 sobre el avance de la causa contra el pastor evangélico de Lago Puelo, luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara el sobreseimiento y ordenara que el expediente continúe hacia la instancia de juicio. El funcionario judicial explicó que ahora deberá realizarse una nueva audiencia preliminar con otro juez, antes de la conformación del jurado popular.
Díaz Mayer recordó que la investigación se inició por hechos denunciados en 2015 y sostuvo que la decisión del máximo tribunal provincial confirmó la postura de la Fiscalía. «El Superior entendió que efectivamente había elementos para ir a juicio y que, por tratarse de un caso de integridad sexual contra una mujer, había que darle otra vuelta desde la perspectiva de género y aplicar una debida diligencia reforzada para valorar las pruebas», señaló.
El fiscal también afirmó que la acusación sostiene que el imputado aprovechó el lugar de autoridad que ocupaba dentro de la iglesia para cometer los abusos. «Se valió de su cargo, de su situación y de su poder dentro de la organización religiosa. Entendemos que utilizó esa posición como uno de los elementos agravantes del abuso sexual», expresó.
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Respecto de la víctima, Díaz Mayer destacó el difícil proceso que atravesó antes de formalizar la denuncia. «Después de muchos años se animó a denunciarlo, incluso con problemas dentro de su propia familia, que no quería que lo hiciera. Realizó un tratamiento psicológico y recién entonces tuvo las herramientas para presentarse en la Fiscalía y contar lo que había vivido», explicó.
En cuanto al proceso judicial, el representante del Ministerio Público indicó que no solicitarán la prisión preventiva del acusado antes del debate. «No hay elementos para pensar que pueda fugarse o entorpecer la investigación. Siempre estuvo a derecho y, si el jurado lo declara responsable, recién en ese momento pediremos la prisión preventiva», remarcó. Además, estimó que el juicio podría realizarse a comienzos de 2027 y recordó que las penas previstas para este tipo de delitos podrían ir de 6 a 20 años de prisión, según los agravantes que finalmente se tengan por acreditados.
Finalmente, el fiscal consideró que la resolución del Superior Tribunal marca un precedente en la valoración de las pruebas en delitos contra la integridad sexual. La nueva audiencia preliminar será el próximo paso antes de que el caso llegue al juicio por jurados, instancia en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad penal del imputado por los hechos denunciados.
