El accionista de la droguería Suizo Argentina se presentó en Comodoro Py tras ser citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello. La causa se originó en los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
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El empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, se presentó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py luego de ser citado a declarar en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El accionista era buscado desde la semana pasada tras la orden de indagatoria emitida por pedido del fiscal Franco Picardi.
Kovalivker arribó a los tribunales junto a su abogado, Martín Magram, y entregó su celular para una eventual pericia, aunque se negó a brindar la clave de acceso. La investigación también involucra a su hermano Emmanuel Kovalivker, detenido el viernes en Nordelta con sobres que contenían 266 mil dólares y siete millones de pesos. El juez Sebastián Casanello además imputó al jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, acusado de haber facilitado la salida de Jonathan antes de un allanamiento.
La firma Suizo Argentina S.A. quedó bajo la lupa tras ser mencionada en audios difundidos por el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien describió un presunto circuito de pagos ilegales para asegurar contratos con el Estado. En esas grabaciones se refirió además a supuestos vínculos con Eduardo “Lule” Menem, asesor en la Secretaría General de la Presidencia, y con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
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Según la investigación, el control accionario de la droguería recae en Eduardo Jorge Kovalivker, padre de los empresarios, con el 64,5% de la compañía, mientras que Jonathan posee más del 21% y ocupa la presidencia. A pesar de ser accionista minoritario, Emmanuel Kovalivker también tendría un rol activo en la gestión. La causa se inició tras la difusión en el canal Carnaval del programa Data Clave, donde Spagnuolo reveló las presuntas maniobras y relató incluso haberle advertido al presidente Javier Milei sobre los hechos.
En el marco de la investigación, se realizaron más de diez allanamientos en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, en oficinas privadas y domicilios vinculados a los imputados, con el secuestro de documentación, computadoras y dispositivos electrónicos. En los próximos días, el juez Casanello deberá resolver la situación procesal de los empresarios, exfuncionarios y allegados involucrados en el expediente.
Fuente y foto: Infobae
