El Ministerio Público Fiscal de Chubut formuló la acusación pública contra Vanesa Fita, señalada como autora, y otras cuatro personas por una presunta maniobra de estafas vinculada con la promesa de entrega de viviendas. El fiscal general Martín Eduardo Cárcamo confirmó que se reunió evidencia para avanzar hacia el juicio, en una causa que comprende a unas 594 personas afectadas y un perjuicio económico estimado en 80 millones de pesos.
“La conclusión a la que se ha arribado al momento de formular la acusación pública es que el Ministerio Público Fiscal ha podido reunir evidencia suficiente para someter a juicio a las personas que fueron acusadas”, explicó Cárcamo en diálogo con Radio 3. Junto con Fita, la acusación alcanza a personas de apellidos Curán, Mancilla, Miranda y Páez, a quienes se les atribuye una participación necesaria en la maniobra investigada.
Según detalló el fiscal, la investigación recibió 180 denuncias de personas que aportaron documentación y registros digitales. A partir de esos elementos, se solicitaron informes a entidades bancarias y billeteras virtuales, se realizaron allanamientos y se secuestraron teléfonos celulares que luego fueron peritados. También se requirió información al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y se efectuaron análisis contables y financieros.
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La maniobra habría comenzado a fines de abril de 2023 y se extendido hasta la primera quincena de febrero de 2024. De acuerdo con la acusación, los interesados eran captados mediante publicaciones en redes sociales y luego se les solicitaba un pago inicial de 100.000 pesos. Posteriormente, eran incorporados a grupos de WhatsApp, donde recibían información y se les requería documentación para continuar con el supuesto trámite habitacional.
Cárcamo señaló que parte del engaño habría consistido en invocar supuestos contactos con el IPV y con funcionarios de la gestión provincial de aquel momento. “El Instituto Provincial de la Vivienda concretamente nos ha dado respuesta a esta circunstancia y nos ha dicho que ninguna de las personas sometidas a proceso tiene ningún tipo de relación o vínculo con el Instituto”, sostuvo. La investigación también detectó llamados telefónicos en los que, según indicó, se habría utilizado información aportada por los damnificados para generar confianza.
En cuanto al perjuicio económico, el fiscal precisó que los análisis de las cuentas bancarias y billeteras virtuales involucradas arrojaron un movimiento aproximado de 80 millones de pesos. Dentro de las 180 denuncias recibidas, los investigadores pudieron verificar 110 casos en los que se constató el ingreso de dinero en alguna de las cuentas investigadas. La acusación, sin embargo, contempla alrededor de 594 presuntas maniobras, correspondientes a los legajos personales reunidos durante la pesquisa.
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La calificación provisoria considera 594 hechos en concurso real, una figura que podría llevar la escala penal de uno a 50 años de prisión. Cárcamo aclaró que la definición dependerá de si los hechos se consideran delitos independientes o una única maniobra continuada, como sostiene la defensa. Además, indicó que la Fiscalía formuló pretensiones provisorias de penas de cumplimiento efectivo para las personas acusadas, con diferencias según el grado de participación atribuido a cada una.
Tras la presentación de la acusación pública, el expediente continuará con la intervención judicial correspondiente para resolver su elevación a juicio. Cárcamo explicó que, por la expectativa de pena y las características del caso, la instancia de debate podría desarrollarse mediante un juicio por jurados. En esa etapa se deberá analizar la consistencia de la acusación y determinar la responsabilidad penal de las personas imputadas.
