En una nueva audiencia del juicio, se leyeron testimonios clave que describen presiones, amenazas y un sistema de recaudación ilegal para acceder a contratos viales durante los gobiernos kirchneristas.
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El juicio oral por la causa Cuadernos sumó este martes nuevos testimonios de empresarios arrepentidos que detallaron el funcionamiento de un presunto sistema de extorsiones y sobornos en la obra pública. Las declaraciones, correspondientes a la investigación conocida como “La Camarita”, apuntaron a exfuncionarios nacionales y a intermediarios que habrían exigido pagos irregulares para habilitar o sostener contratos viales.
Uno de los relatos centrales fue el de Patricio Gerbi, directivo de la empresa COARCO, quien describió encuentros intimidantes con Claudio Uberti, exfuncionario del área de transporte. Según su testimonio, Uberti lo hacía esperar durante largos períodos y luego lo presionaba con amenazas directas vinculadas a la continuidad de la empresa y la seguridad de su familia. Ese clima de coerción, afirmó, derivó en entregas periódicas de dinero que oscilaban entre 15.000 y 25.000 dólares, realizadas varias veces al año en moneda local.
Gerbi también explicó que el esquema incluía un control centralizado de pagos desde la Dirección Nacional de Vialidad. Allí, indicó, funcionarios como Passacantando le mostraban listados enviados por José López que definían qué empresas cobraban certificados de obra y cuáles quedaban relegadas, lo que reforzaba la lógica de premios y castigos.
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Durante la audiencia se leyó además la declaración del fallecido empresario José Chediack, quien sostuvo que en su primer encuentro con el entonces ministro Julio De Vido recibió un mensaje explícito: para seguir trabajando debía pagar. Inicialmente, las entregas se realizaban en efectivo y de forma mensual, incluso en el domicilio particular del exministro. Con el correr de los años, el mecanismo se habría reorganizado a través de Ernesto Clarens, señalado como financista del kirchnerismo, quien exigía pagos directos bajo amenazas crecientes.
La fiscalía consideró acreditado que José López, en su rol de secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015, fue una figura central en la recaudación derivada de la cartelización de la obra pública. En ese sentido, se subrayó que tenía bajo su órbita la totalidad de los proyectos viales nacionales.
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Hacia el final de la audiencia también se dio lectura a la acusación contra el empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, a quien se le atribuyen pagos por más de 3,5 millones de pesos realizados en 2009 con el objetivo de influir en decisiones de funcionarios nacionales.
El juicio continuará el próximo jueves, cuando se retomará la lectura de nuevas declaraciones de empresarios arrepentidos, en una causa que sigue revelando detalles sobre uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados a la obra pública en la Argentina.
Fuente y foto: TN
