Luego de tres intensos días de réplicas y contra replicas concluyó la audiencia oral y publica en la Cámara Penal de Trelew.
Se trató del caso de 10 condenados por la causa Embrujo los cuales decidieron no declarar ante la Cámara Penal de Trelew para dar sus versiones. La audiencia de impugnación de la sentencia culminó hoy a las 1350 hs en el sexto piso de tribunales con la presencia de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, quienes replicaron cada uno de los cuestionamientos de los defensores para así sostener el fallo de primera instancia. Ayer todos los defensores pidieron revocar la decisión o, en todo caso, aliviar la situación de sus clientes.
El fiscal Omar Rodríguez alegó que «Tato Ramón competía en las licitaciones con Tato Ramón», por arreglos en viviendas oficiales, de esta manera engañaban al estado a través de contrataciones fantasmas. Asimismo Rodríguez indicó que “Diego Correa no es el único responsable de que la Provincia del Chubut este quebrada, pero si han perjudicado mucho al estado provincial con sus ilícitos”.
Fabián Gabalachis quien asistió a Diego Correa, Natalia Mc Leod y Sandro Figueroa. Cuestionó que en el juicio se hayan usado como prueba los 29 CD´s de escuchas telefónicas. “Deben declararse nulas porque no sabemos de dónde vienen ni cómo se hicieron”. Sin embargo una vez más el fiscal Rodríguez explico al tribunal como se cumplió con la cadena de custodia y que además siempre estuvieron a disposición de las partes.
Por otra parte el defensor Lisandro Benítez explicó que su cliente Diego Lüters “compró la chacra de Trelew sin intención de ser testaferro de Diego Correa”. Pidió a los camaristas que declaren inconstitucionales las figuras de asociación y enriquecimiento ilícitos, y el autolavado de dinero. El fiscal Alex Williams indico que es válida la figura legal
Miguel Moyano, abogado de Rubén “Bedo” Reinoso, dijo que en su declaración admitió su amistad con Correa. “Dio testimonio con sinceridad pero el tribunal le jugó una mala pasada porque lo usaron en su contra. Se violó la Constitución, el principio de imparcialidad y la duda razonable”.
Damián D´Antonio, defensor de Jorge Godoy, el maestro mayor de obras responsable de la mansión y los dúplex de Diego Correa en Playa Unión. Recordó que sigue pendiente un pedido de probation. “Lo acusan de esconder la figura de Correa pero debió soportar este proceso sólo por cumplir con su trabajo”. Explicó que la obra siempre figuró a nombre del exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves.
UN FALLO HISTÓRICO
Los jueces de primera instancia condenaron a diez integrantes de una banda que cometía ilícitos en perjuicio de la administración pública provincial, todos fueron encontrados culpables. Los jueces por unanimidad resolvieron condenar a Diego Correa la pena de 10 años de prisión, más una multa de 22 millones de pesos y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además el decomiso de todos los bienes incautados, la casa de Playa Unión valuada en 8 millones, los Duplex en playa Unión valuados 2,5 millones, dos lotes en la ciudad de Rawson cada uno 250 mil pesos, La Chacra de Trelew valuada en 2,8 millones y el lote en la cordillera 1,6 millones, más una multa de 5 millones pesos, volverían al estado provincial.
El ex secretario privado apeló su condena a 10 años de prisión por asociación ilícita, lavado de activos y administración fraudulenta. Asimismo solicito a través de su abogado defensor Fabian Gabalachis salir en libertad y que le devuelvan los bienes y el dinero secuestrado.
Los fiscales de la causa Omar Rodríguez y Alex Williams, esperan que se ratifique la condena y las penas impuestas. “Las acciones delictivas provocaron un daño al Estado provincial en aproximadamente 90 millones de pesos”.
El ex secretario privado del gobernador, Diego Correa fue condenado en primera instancia a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y multa de $22.294.000. Delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, enriquecimiento ilícito, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con negociaciones incompatible y auto lavado de activos.
El secretario Diego Luters fue hallado culpable de ser miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito y debería cumplir una pena de 5 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 750 mil pesos.
El contador de Trelew Federico Gatica fue hallado culpable del delito de lavado de activos. Los jueces resolvieron que Gatica debería cumplir una pena de 4 años de prisión, más una multa 5 millones de pesos.
Natalia Mc Leod, pareja de Diego Correa al momento de los ilícitos investigados fue hallada culpable del delito de enriquecimiento ilícito y fue absuelta del delito de miembro de la asociación ilícita. Debería cumplir una pena de tres años y dos meses, más una multa de 525 mil pesos, también la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Daniela Souza, fue hallada culpable del delito de ser miembro de la Asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, además de enriquecimiento ilícito. Debería cumplir una pena de cuatro años de prisión.
Sandro Figueroa fue hallado culpable del delito de miembro de la asociación ilícita y fue absuelto de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Debería cumplir una pena de tres años y cuatro meses de prisión.
Juan Ramón, fue hallado culpable de ser miembro de la asociación ilícita además de defraudación fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Debería cumplir una pena de tres años y tres meses.
Jorge Godoy se le imputó el delito de enriquecimiento ilícito en carácter de partícipe necesario. Debería cumplir una pena de dos años y ocho meses.
Rubén Reinoso fue hallado culpable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, al igual que Cristian Gisande este último fue absuelto del delito de usurpación de autoridad. Deberían cumplir la pena de dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
