El abogado Nicolás Payarola, conocido por haber representado a Wanda Nara y otros mediáticos, fue detenido este jueves acusado de liderar una serie de estafas millonarias. La investigación lo vincula con al menos once episodios de fraude, entre ellos el presunto desvío de US$700.000 pertenecientes al futbolista Gonzalo Montiel, campeón del mundo en Qatar 2022. La orden fue ejecutada durante un allanamiento en su casa del barrio Golf Club de Nordelta, en Tigre.
El operativo fue solicitado por el fiscal Cosme Irribarren, a cargo de la UFI N.°6 de Benavídez, quien consolidó denuncias de seis víctimas distintas en una causa unificada por estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Entre los damnificados figuran Juan Carlos “Tito” Montiel —padre de Gonzalo— y Sofía Ferrarazo, expareja del abogado. En paralelo, la Justicia revocó una eximición de prisión que Payarola había obtenido en 2024 tras abonar una fianza de $40 millones.
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La investigación apunta a que Montiel había confiado al abogado una suma cercana a los US$700.000 para participar en un proyecto inmobiliario que nunca llegó a concretarse. Según la denuncia, Payarola utilizó la confianza de la familia para constituir la firma M&A Desarrollos Inmobiliarios y gestionar sucesivos movimientos de dinero, algunos en efectivo y otros mediante transferencias bancarias, que finalmente habrían terminado en destinos ajenos al emprendimiento.
El expediente también describe maniobras adicionales: extracciones irregulares de cuentas del futbolista, certificaciones apócrifas y operaciones sin respaldo. Incluso se detalla que Payarola intentó ofrecer como compensación bienes que no le pertenecían, entre ellos un campo de 132 hectáreas en La Pampa, una camioneta Toyota Hilux de otro denunciante y un yate vinculado a la familia de otra víctima.
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Durante los allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N.°3 de San Isidro, se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos y teléfonos que serán peritados. Payarola afronta además un embargo de $810 millones impuesto meses atrás por la Cámara Nacional de Apelaciones, que ya había confirmado su procesamiento. La causa continúa avanzando mientras se analizan nuevas pruebas y posibles ampliaciones de responsabilidades.
